Mientras gran parte de las provincias argentinas avanzó en la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la provincia de Formosa continúa fuera de ese esquema impulsado por el Gobierno nacional para atraer capitales privados en sectores estratégicos como energía, minería, industria, turismo e infraestructura.
La decisión de la administración del gobernador Gildo Insfrán de no adherir al régimen mantiene abierto un debate sobre el modelo de desarrollo económico de la provincia y las oportunidades de generación de empleo privado en una de las jurisdicciones con mayores índices de dependencia del sector público.
El RIGI, aprobado dentro de la Ley Bases, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de inversión de gran escala, además de estabilidad normativa por treinta años. Varias provincias, entre ellas Chaco y Corrientes, aprobaron leyes de adhesión con el objetivo de mejorar su competitividad en la captación de inversiones.
En el caso de Chaco, la Legislatura provincial sancionó la Ley 4086-A de adhesión al régimen y estableció incentivos adicionales, incluyendo exenciones tributarias y estabilidad regulatoria para los proyectos que se radiquen en su territorio.
Por su parte, Corrientes aprobó la Ley Provincial 6694, impulsada por la administración de Gustavo Valdés, con el argumento de que la medida podría potenciar inversiones en sectores estratégicos como la forestoindustria y la producción ganadera.
Un modelo cuestionado
Desde sectores opositores al oficialismo formoseño sostienen que la provincia mantiene una estructura económica excesivamente dependiente del empleo estatal y de los programas de asistencia social. En ese marco, cuestionan especialmente la existencia del Ministerio de la Comunidad, organismo encargado de coordinar políticas sociales, al que sus críticos califican como una herramienta para administrar la pobreza en lugar de reducirla.
Según esta visión, la falta de generación sostenida de empleo privado ha contribuido a consolidar una fuerte dependencia de amplios sectores de la población respecto del Estado provincial. Los detractores del gobierno consideran que la no adhesión al RIGI representa una oportunidad perdida para atraer inversiones y diversificar la economía local.
En contraste, el oficialismo provincial ha manifestado en distintas oportunidades su rechazo a políticas nacionales que, a su entender, favorecen la concentración económica y otorgan beneficios excesivos a grandes grupos inversores sin garantizar un impacto directo sobre el empleo y el desarrollo local.
El impacto del RIGI en discusión
Aunque los defensores del régimen sostienen que la llegada de grandes inversiones puede traducirse en más actividad económica y empleo, especialistas señalan que el verdadero alcance de esos beneficios dependerá de cada proyecto y de la capacidad de las provincias para integrarlos a sus cadenas productivas.
Datos oficiales del Gobierno nacional muestran que los proyectos aprobados bajo el RIGI se concentran principalmente en provincias vinculadas a la minería, el petróleo y el gas, como San Juan, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
En ese contexto, Formosa enfrenta el desafío de definir si mantiene un modelo centrado en la intervención estatal y las políticas de asistencia social o si busca mecanismos alternativos para atraer inversiones privadas que permitan ampliar el mercado laboral formal.
La discusión trasciende lo económico y se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político provincial: entre quienes consideran que el Estado debe seguir ocupando un rol preponderante en la contención social y quienes sostienen que la prioridad debería ser la creación de empleo privado como herramienta para reducir la pobreza estructural.