Los cuatro integrantes del equipo periodístico de La Nación+ condenados por una cobertura realizada en comunidades originarias de Las Lomitas en la provincia de Formosa anunciaron que apelarán la resolución judicial y avanzarán con una presentación ante la Justicia Federal, al considerar que son víctimas de una persecución política instrumentada a través de la Justicia provincial.
La medida alcanza a los periodistas Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, quienes fueron sancionados tras una cobertura desarrollada en septiembre de 2025 en comunidades nivaclé del oeste formoseño.
Desde el equipo periodístico cuestionaron duramente el fallo al sostener que la decisión judicial criminaliza el ejercicio de la actividad periodística y se apoya en argumentos que, aseguran, contradicen principios constitucionales vinculados a la libertad de prensa. Según indicaron, la acusación se fundamentó en una supuesta falta de autorización previa y en la inexistencia de credenciales habilitantes para ejercer el periodismo, requisitos que afirman no son exigidos por la legislación nacional.
Micaela Urdinez relató que, desde el momento de su llegada a Las Lomitas para realizar entrevistas y registrar testimonios en comunidades indígenas, el equipo fue sometido a controles permanentes. Según su versión, efectivos policiales identificaron a los periodistas apenas arribaron a la zona y posteriormente se habría desplegado un seguimiento constante.
La periodista aseguró que vehículos sin identificación oficial acompañaron los movimientos del grupo durante toda la cobertura y que la situación generó preocupación entre los trabajadores de prensa.
El equipo había arribado al lugar en el marco del proyecto periodístico “Hambre de Futuro”, con el objetivo de documentar la realidad social de las comunidades de San José y El Algarrobal, en conjunto con una organización dedicada a la promoción cultural y al desarrollo comunitario.
De acuerdo con el relato de los comunicadores, luego de mantener reuniones con referentes locales y miembros de la comunidad San José, fueron interceptados cuando se dirigían a continuar con las entrevistas programadas. En ese momento, señalaron, se les informó sobre una denuncia relacionada con un supuesto ingreso sin autorización y alteración del orden público.
Los periodistas sostienen que el procedimiento estuvo rodeado de irregularidades y afirman que la propia persona que figuraba como denunciante manifestó desconocer el contenido de la presentación cuando fue consultada por ellos.
Frente a este escenario, la defensa del equipo anunció que recurrirá a instancias superiores para revertir la condena y anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia Federal, argumentando que existió una estrategia destinada a intimidar y condicionar el trabajo periodístico. Según sostienen, el caso excede una simple contravención y se enmarca en un mecanismo de persecución política que habría utilizado estructuras judiciales provinciales para actuar contra periodistas que investigaban temas de interés público.
La apelación buscará dejar sin efecto la condena, mientras que la presentación federal apuntará a determinar si hubo vulneraciones a garantías constitucionales vinculadas con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar.