Integrantes de las comunidades originarias Misión Nueva y Tres Palmas protagonizaron el viernes una movilización hasta el destacamento policial de Lote 8, en el marco del conflicto que se inició a partir de los reclamos por mejoras educativas y de infraestructura y que derivó, el lunes, en la detención –según parte policial- de 18 personas.
La marcha reunió a un importante número de originarios de ambas comunidades, quienes reclamaron por la situación de los detenidos y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante el procedimiento realizado sobre distintos sectores del Camino Vecinal N° 9002.
Durante la movilización se escucharon fuertes expresiones contra la represión y pedidos para que las autoridades provinciales intervengan y encuentren una solución al conflicto que mantiene a las comunidades reclamando respuestas a sus demandas. “Basta de represión, basta de toda injusticia. Fuerza familia y fuerza hermano originario”, expresaron durante la marcha, en un mensaje que sintetizó el espíritu de la protesta.
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la situación de la comunidad de Tres Palmas, donde los manifestantes denunciaron que sus integrantes fueron reprimidos cuando reclamaban el cumplimiento de un pedido educativo.
“Queremos que se escuche la voz de las mujeres”, señalaron durante la movilización, al tiempo que remarcaron la preocupación por el impacto que la situación tiene sobre las familias y, especialmente, sobre los niños.
En ese sentido, reclamaron que el Gobierno pueda intervenir para destrabar el conflicto y dar respuestas concretas a las demandas planteadas por las comunidades.
El operativo policial del lunes
El reclamo de los manifestantes se originó luego del operativo realizado el lunes sobre el Camino Vecinal N° 9002, a la altura de las comunidades Misión Nueva y Tres Palmas.
De acuerdo con el informe difundido por la Policía de la Provincia, la intervención se realizó en cumplimiento de oficios judiciales emanados del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.
El procedimiento comenzó alrededor de las 16:15 y contó con un importante despliegue de efectivos de la Unidad Regional 9, el Grupo Especial, el DDR y personal de distintas dependencias, además de una comisión policial enviada para reforzar las tareas.
Según la versión oficial, el operativo se desarrolló de manera simultánea en dos sectores del camino vecinal.
En el tramo ubicado en Misión Nueva fueron detenidas seis personas: cinco hombres y una mujer. En tanto, en el sector correspondiente a Tres Palmas, fueron detenidas otras doce personas: cuatro hombres y ocho mujeres.
En total, el procedimiento terminó con 18 personas detenidas, que fueron trasladadas a la Comisaría de El Chorro y quedaron a disposición de la Justicia.
La Policía sostuvo que durante la intervención algunos manifestantes opusieron resistencia, por lo que los efectivos debieron emplear la fuerza pública “en la medida estrictamente necesaria” para concretar las medidas judiciales. Como consecuencia del procedimiento, según el informe policial, dos efectivos resultaron lesionados y recibieron asistencia médica.
El camino quedó liberado
La Policía informó además que, una vez finalizadas las medidas judiciales, los dos sectores del Camino Vecinal N° 9002 quedaron completamente liberados y habilitados para la circulación vehicular.
Por disposición judicial también fueron documentados y secuestrados distintos elementos encontrados en los lugares donde se habían producido los cortes, entre ellos pancartas, postes, hules, elementos de cocina y teléfonos celulares, que fueron incorporados a las actuaciones como elementos de prueba.
Tras el operativo, la Policía mantuvo presencia preventiva en ambos sectores, con efectivos del DDR y de distintas dependencias, con el objetivo de garantizar la seguridad y la normal circulación por la vía de comunicación vecinal.
La versión de los manifestantes
Mientras tanto, desde las comunidades originarias sostienen una mirada diferente sobre lo ocurrido y cuestionan especialmente el procedimiento policial. Durante la marcha del viernes, los manifestantes pusieron el foco en lo que consideran una respuesta represiva frente a reclamos que, aseguran, tienen que ver con necesidades concretas de las familias y de los niños de las comunidades.
La situación de las mujeres también ocupó un lugar central en los discursos pronunciados durante la movilización. Las comunidades reclamaron que sus voces sean escuchadas y que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo y respuestas concretas a los pedidos realizados.
“Es injusticia, nosotros queremos que se escuche la voz de las mujeres, vemos a niños también sufriendo, queremos que el Gobierno pueda solucionar este problema”, fue uno de los mensajes expresados durante la protesta.
La marcha concluyó frente al destacamento de Lote 8, donde los manifestantes reiteraron el pedido de libertad para las personas detenidas y reclamaron una intervención que permita encauzar el conflicto.
La situación de los detenidos
En contacto con la abogada Gabriela Neme, la profesional señaló que, luego de la movilización, los detenidos habrían sido liberados. No obstante, aclaró que no contaba con una confirmación oficial al respecto.
Según explicó, se había solicitado información sobre la situación procesal de las personas detenidas, pero hasta ese momento no habían recibido respuestas que permitieran confirmar con certeza la liberación.
De esta manera, la situación judicial de los integrantes de las comunidades permanece como uno de los puntos centrales del conflicto, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre las medidas adoptadas por la Justicia.
Los reclamos que
dieron origen al conflicto
El conflicto no comenzó con el operativo policial, sino a partir de una serie de demandas planteadas por las comunidades originarias de Misión Nueva y Tres Palmas.
En Misión Nueva, uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el sistema educativo y, específicamente, con la solicitud de creación de un anexo de Nivel Primario.
En Tres Palmas, en tanto, la demanda estuvo vinculada con la creación de un anexo de Nivel Secundario, una solicitud que las familias consideran necesaria para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes de la comunidad.
A estos pedidos educativos se sumaron otras demandas vinculadas con las condiciones de vida de las familias, entre ellas la necesidad de contar con un adecuado suministro de agua, la instalación de tanques reservorios y mejoras en el sistema eléctrico.
Estos reclamos conforman el trasfondo de una situación que, con el paso de los días, fue adquiriendo mayor tensión y que tuvo su punto más conflictivo durante el operativo del lunes.
(Diario Formosa Exprés).