Un trabajador que cumplía tareas de seguridad habría sido amenazado y amedrentado durante un incidente que, según la denuncia, tuvo como protagonista al decano de la Facultad de Humanidades. El empleado decidió llevar el caso ante la Fiscalía. El nuevo episodio profundiza la preocupación por el clima de confrontación dentro de la Universidad y vuelve a exigir un límite institucional: ninguna disputa por el poder puede justificar amenazas contra trabajadores.
Un nuevo y preocupante episodio vuelve a colocar a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) en el centro de la controversia. Esta vez, la situación habría escalado hasta una denuncia ante la Justicia por amenazas y amedrentamiento contra un trabajador de vigilancia mientras se encontraba cumpliendo sus funciones.
De acuerdo con la denuncia conocida, el incidente habría tenido como protagonista al decano de la Facultad de Humanidades, durante una situación de tensión ocurrida mientras el trabajador prestaba servicios en dependencias universitarias.
Ante la gravedad de lo sucedido, el empleado decidió no dejar el episodio reducido a una discusión interna y acudió a la Justicia, formalizando una denuncia ante la Fiscalía de Formosa.
Será ahora el Ministerio Público el que deberá determinar qué ocurrió, evaluar los elementos aportados y establecer eventualmente las responsabilidades que correspondan.
De la confrontación política a las denuncias por amenazas
El episodio adquiere una dimensión institucional todavía mayor porque ocurre en medio de un prolongado escenario de enfrentamientos dentro de la UNaF.
La Universidad viene atravesando una sucesión de conflictos políticos, administrativos y judiciales que en numerosas oportunidades abandonaron el terreno estrictamente académico para transformarse en confrontaciones cada vez más ásperas.
Ahora aparece una denuncia que involucra directamente a un trabajador que se encontraba desempeñando tareas de vigilancia.
Y allí existe un límite que ninguna interna universitaria debería atravesar.
Quienes ocupan cargos de conducción tienen una responsabilidad superior. Un decano no solamente administra una Facultad: representa institucionalmente a esa unidad académica y debe garantizar condiciones de convivencia y respeto para estudiantes, docentes y trabajadores.
Por eso, una denuncia de estas características no puede minimizarse ni despacharse como una simple consecuencia de las diferencias políticas existentes.
Humanidades, nuevamente en el centro de los cuestionamientos
La Facultad de Humanidades ya había quedado bajo la lupa a raíz de otros episodios de conflictividad denunciados públicamente dentro de la Universidad.
Sectores de la comunidad universitaria vienen alertando sobre situaciones de hostigamiento, enfrentamientos y episodios que habrían generado temor entre trabajadores y miembros de la institución.
Pero cuando las denuncias comienzan a reiterarse alrededor de un mismo escenario institucional, corresponde que las autoridades universitarias también se pregunten qué está ocurriendo y qué medidas pueden adoptar para impedir una escalada.
Un trabajador no puede convertirse en rehén de una interna
Hay además una cuestión elemental que no debería admitir diferencias políticas.
Un trabajador tiene derecho a cumplir sus funciones sin amenazas, presiones ni intimidaciones.
No importa a qué sector responda una autoridad, qué posición tenga el empleado dentro de la interna universitaria o cuáles sean las diferencias existentes entre las partes.
Si hubo una amenaza, debe investigarse.
Si no existió, también corresponde que la investigación permita esclarecerlo.
Lo que resulta inadmisible es naturalizar un clima donde trabajadores, docentes o estudiantes terminen temiendo las consecuencias de cumplir con sus responsabilidades o manifestar posiciones diferentes.
Las autoridades tienen una responsabilidad mayor
La Universidad es por naturaleza un territorio de debate.
Puede haber diferencias profundas sobre la conducción de la institución, cuestionamientos administrativos, elecciones disputadas, posiciones gremiales enfrentadas y proyectos académicos completamente distintos.
Eso forma parte de la democracia universitaria.
Las amenazas y el amedrentamiento, no.
Y cuando la persona denunciada ocupa un cargo de máxima responsabilidad institucional, la exigencia de esclarecimiento debe ser todavía mayor.
No corresponde anticipar culpabilidades. Pero tampoco corresponde utilizar un cargo para relativizar una denuncia presentada por un trabajador.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió
La presentación ante la Fiscalía introduce ahora una instancia externa a la disputa universitaria.
Será allí donde deberá determinarse si existió efectivamente una conducta susceptible de reproche penal y cuáles son las pruebas disponibles.
Paralelamente, la propia Universidad debería evaluar si corresponde iniciar actuaciones administrativas para conocer las circunstancias en las que se produjo el episodio.
La transparencia resulta indispensable tanto para proteger al trabajador denunciante como para garantizar el derecho de defensa de la persona denunciada.
¿Hasta dónde llegará la confrontación?
La pregunta comienza a resultar inevitable.
¿Hasta dónde puede escalar la confrontación dentro de una Universidad Nacional?
Cuando una institución destinada a producir conocimiento, formar profesionales y promover el pensamiento crítico comienza a aparecer recurrentemente asociada a denuncias por intimidaciones, agresiones, escraches y enfrentamientos, existe un problema que excede cualquier nombre propio.
La política universitaria no puede convertirse en una guerra permanente.
Mucho menos puede aceptar la violencia como una metodología para acumular o conservar poder.
La nueva denuncia constituye, por eso, otra señal de alarma.
La Justicia deberá establecer las responsabilidades concretas. Pero la política universitaria tiene una responsabilidad que no necesita esperar ninguna sentencia: recuperar inmediatamente el respeto, el diálogo y los límites democráticos.
Otra denuncia. Otro episodio de tensión. Otra señal de alarma. La comunidad de la UNaF merece saber qué ocurrió y, fundamentalmente, merece una Universidad donde ningún trabajador tenga que sentir miedo por cumplir con su función.
(Fuente: Diario Prensa Libre Formosa).