El diputado provincial Miguel Montoya (UCR) expuso una maniobra institucional en relación al desarrollo de un megaproyecto fotovoltaico de 147 millones de dólares. Se modificó la Ley 1060 de Impacto Ambiental mediante una simple resolución administrativa del Ministerio de la Producción.
La medida eliminó la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas con participación ciudadana, reemplazándola por una simple consulta informativa vía edictos. Cuestionan que se haya alterado una ley con una norma de rango inferior para beneficiar a la firma “Ambiente y Energía”.
Apoyo a la inversión, pero con cumplimiento de la ley: Desde la oposición aclaran que apoyan la llegada de capitales para energías renovables, pero exigen respeto estricto a las exigencias constitucionales y ambientales.
Pedido de informes: Se presentó un requerimiento formal al ministro de la Producción y Ambiente, Dr. Lucas Rodríguez, con un plazo de 10 días hábiles para responder sobre el certificado de aptitud ambiental y los motivos jurídicos del cambio normativo.
Seguridad jurídica: Advierten que eludir controles afecta la transparencia y pone en riesgo las garantías legales de los propios inversores.
(Diario Formosa Exprés).