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El Gobierno habilitó a los talleres particulares a realizar la VTV o RTO en todo el país: Formosa, Buenos Aires, Santa Fe y Misiones no se adhirieron a la nueva normativa y todo seguirá igual

El Gobierno nacional habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO, según corresponda), pero varias provincias decidieron no adherir a la medida, por lo que allí todo continuará igual.

La resolución publicada en el Boletín Oficial permite que talleres particulares se inscriban en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. El objetivo es ampliar la oferta de lugares donde realizar la verificación, terminar con el monopolio de las plantas oficiales y generar mayor competencia en los precios.

Los talleres que deseen sumarse deberán cumplir con requisitos técnicos específicos (equipos para medir frenos, luces, emisiones, etc.) y registrarse en la plataforma oficial. Los talleres habilitados otorgarán a los autos 0km hasta 5 años, y vehiculos usados hasta 2 años de habilitación.

Sin embargo, Formosa, Misiones, Buenos Aires y Santa Fe decidieron no adherir a la iniciativa.

  • En Formosa y Misiones, los conductores deberán seguir realizando la revisión en las plantas oficiales habilitadas.
  • En Buenos Aires, el ministro de Transporte Martín Marinucci defendió el esquema actual, donde la VTV cuesta alrededor de $100.000, y cuestionó la apertura a talleres privados.
  • En Santa Fe, la Agencia Provincial de Seguridad Vial ratificó que continuarán funcionando los 28 centros oficiales y que no habrá cambios en los plazos ni en los lugares de inspección.

La decisión genera un escenario desigual en el país: mientras en algunas provincias los automovilistas podrán elegir entre talleres privados con precios competitivos, en otras deberán seguir acudiendo a las plantas oficiales, con tarifas reguladas y sin cambios en los plazos.

En definitiva, la medida abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad vial y la recaudación provincial, dejando en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y las administraciones locales.