La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió este jueves un comunicado celebrando la aprobación definitiva por parte del Congreso de la Nación al proyecto de modificación a la Ley de Glaciares.
Desde el Ejecutivo Nacional calificaron la reforma como “histórica” y sostuvieron que la norma vigente hasta el momento requería precisión para “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
El comunicado oficial enfatiza que la nueva redacción permite continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, pero basándose en evaluaciones técnico-científicas provinciales.
“La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger”, reza el texto difundido por Presidencia. Según el Gobierno, esto contrariaba el artículo 41 de la Constitución Nacional y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Con esta modificación, las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan) recuperan la competencia para “identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
En un tono marcadamente confrontativo hacia sectores ambientales críticos, el comunicado sostiene que “el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
“Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, afirma el documento oficial.
A su vez, el presidente Javier Milei agradeció a los diputados y senadores que acompañaron la reforma, con una mención especial a los gobernadores Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.
El texto concluye asegurando que, a partir de esta sanción, el país adopta una “política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos” bajo un marco normativo que el Ejecutivo considera federal y técnicamente sólido.
(Aire de Santa Fe).