Javier Milei envió hoy al Senado la postulación de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, confirmó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en su cuenta de X.
El proceso de designación de jueces federales comenzó a tomar velocidad en la Argentina y Formosa quedó incluida dentro de los primeros movimientos del Ejecutivo nacional. Entre los pliegos enviados por el presidente Javier Milei al Senado de la Nación figura el del doctor Gerardo Daniel Cacace, propuesto para ocupar un cargo en la justicia federal de la provincia.
La remisión de estos pliegos se da luego del anuncio del Ministerio de Justicia de avanzar en etapas con el envío de candidatos, en el marco de una estrategia para cubrir más de 300 vacantes existentes en distintos juzgados del país. Durante la jornada ingresaron 52 propuestas al Congreso, en lo que representa el inicio formal de un proceso que el oficialismo busca acelerar.
Los nombres actuales de la justicia federal en Formosa, como Pablo Morán y Belén López Macé, son parte de ese debate. Sus actuaciones, en más de una oportunidad, han sido señaladas por su alineamiento con el poder político provincial, alimentando la percepción de una justicia más funcional que autónoma.
Por eso, la inclusión de Formosa en esta primera tanda de pliegos no parece casual. Es, más bien, un gesto inicial de una política que apunta a poner bajo revisión lo que desde la Casa Rosada empiezan a catalogar como “engendros feudales”: provincias donde la alternancia es inexistente y las instituciones funcionan bajo lógicas de control político prolongado.
Pero hay un dato que agrega otra capa a esta discusión y que no es menor: Cacace no es ajeno a ese clima. Lo ha vivido.
En el ejercicio de su profesión como abogado, fue protagonista de un episodio que expone con crudeza el tipo de relación que muchas veces existe entre el poder, la policía y quienes intentan intervenir en conflictos legales en la provincia. En una intervención por un conflicto en un complejo de alquileres, Cacace se presentó como representante de una de las partes y cuestionó el accionar policial, reclamando procedimientos ajustados a la formalidad.
La respuesta fue el manual conocido: se lo intimó a identificarse, se labraron actuaciones, y el conflicto escaló. Ya en sede policial, el cruce continuó. El abogado insistió en cuestionar el procedimiento, elevando el tono frente a los efectivos. La reacción no fue precisamente institucional: terminó con una causa contravencional y, más grave aún, con una imputación por “resistencia a la autoridad” bajo el artículo 237 del Código Penal.
El dato no es anecdótico. Es sintomático.
Porque describe un escenario donde discutir un procedimiento puede derivar rápidamente en una causa, donde el margen para ejercer la defensa se vuelve difuso y donde la autoridad, lejos de someterse al control legal, responde muchas veces con reflejos corporativos.
Ese tipo de experiencias no son menores cuando se analiza el perfil de un candidato a juez federal. En todo caso, lo ubican en un lugar distinto: no como un observador externo del sistema, sino como alguien que según este episodio tuvo que enfrentarlo.
El envío de 52 pliegos al Congreso con un total que podría superar los 60 en los próximos días marca el arranque formal de este proceso. Pero la clave no está solo en la cantidad, sino en dónde se empieza a intervenir.
El propio Ministerio de Justicia ya había anticipado que el avance sería por etapas, combinando decisiones del Ejecutivo con negociaciones en el Senado, donde los gobernadores mantienen poder de fuego. Es decir: la disputa recién empieza.
Mientras tanto, el Senado deberá tratar los pliegos bajo nuevas reglas que obligan a mayor transparencia: publicación anticipada de los candidatos, audiencias públicas y difusión en medios oficiales. Un intento, al menos en lo formal, de abrir un proceso históricamente opaco.
Pero más allá del procedimiento, el dato político ya está sobre la mesa: Formosa entró en el radar.
Y no por casualidad. Sino porque empieza a ser vista como uno de los territorios donde el Gobierno nacional busca dar una señal de cambio, empezando por un punto clave: que la justicia federal deje de ser una extensión del poder político local y recupere, aunque sea en parte, su razón de ser.
Lo que sigue dependerá del Senado, de las negociaciones y de la capacidad real del oficialismo para sostener esta avanzada. Pero el mensaje ya fue enviado: el modelo formoseño, por primera vez en mucho tiempo, empieza a ser observado desde afuera no como una rareza tolerada, sino como un problema a corregir.