El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, quedó bajo investigación judicial tras la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000, financiado en un 90% mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras. La operación, formalizada en noviembre de 2025, motivó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y activó medidas de prueba para analizar la evolución de su patrimonio.
La adquisición del inmueble, de casi 200 metros cuadrados, se concretó con un aporte inicial de u$s30.000 por parte de Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti. El resto se cubrió con un préstamo hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras, dos mujeres que habían comprado la propiedad apenas seis meses antes.
Las acreedoras del crédito son Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes quedaron registradas como titulares de la hipoteca por la mayor parte del valor declarado. La modalidad de financiamiento llamó la atención y se convirtió en uno de los ejes de la investigación. Por otra parte, ambas afirmaron no conocer a Manuel Adorni en las últimas horas.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló un incremento patrimonial del 500% y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.
Días atrás Manuel Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.
En ese contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones.
Entre los puntos bajo análisis aparece una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Aunque el inmueble figura a nombre de Angeletti, los investigadores detectaron que gastos asociados al lote estarían vinculados al entorno familiar, sin que esa situación haya sido detallada en presentaciones oficiales.
La fiscalía también pidió informes a registros de la propiedad inmueble, automotor y otros organismos para detectar activos que no hayan sido declarados. Además, requirió a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario.
En paralelo, la investigación incluye otros aspectos, como viajes al exterior y movimientos patrimoniales recientes, en busca de inconsistencias que permitan avanzar en la causa.
Adorni, por su parte, defendió su situación patrimonial en conferencias de prensa y sostuvo que sus bienes se originaron a lo largo de 25 años de actividad en el sector privado. También aseguró que presentará la documentación necesaria ante la Justicia.