El diputado provincial Miguel Montoya se refirió a la situación que atraviesan los empleados municipales de Gran Guardia y sostuvo que el conflicto salarial registrado en la localidad responde a un problema político y estructural más que económico. Trascendió que en las últimas horas el municipio de Gran Guardia abonó lo adeudado a los empleados municipales, la suma del 55% de sus salarios.
En contacto con Radio Uno, Montoya señaló que junto a otras legisladoras realizó una visita al lugar tras recibir reclamos de trabajadores comunales. Según explicó, durante la recorrida no pudieron dialogar con el intendente, aunque sí mantuvieron reuniones con integrantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
Internas políticas y trabajadores afectados
El legislador indicó que existe una disputa interna entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, situación que genera incertidumbre entre los empleados. “En el medio queda la gente, que no sabe si va a cobrar o no”, remarcó.
En ese sentido, detalló que Gran Guardia cuenta con una estructura estatal sobredimensionada en relación con su población, con una fuerte dependencia del empleo público como principal fuente de ingresos.
Críticas al sistema de coparticipación
Montoya cuestionó el esquema de coparticipación vigente en la provincia y aseguró que la baja proporción de fondos que reciben los municipios limita seriamente su capacidad de gestión. “La provincia coparticipa apenas el 10%, mientras que en provincias vecinas ese porcentaje es mucho mayor”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que este sistema genera un manejo discrecional de los recursos, condicionando a los intendentes y afectando directamente a los trabajadores y a las comunidades del interior.
Un conflicto con solución inmediata
El diputado insistió en que el desfasaje salarial que originó el conflicto “se soluciona con diez millones de pesos”, y consideró que se trata de una cifra mínima en comparación con otros gastos del Estado provincial.
Finalmente, Montoya llamó a que las autoridades provinciales intervengan para destrabar la situación y afirmó que los trabajadores municipales “no pueden ser rehenes de internas políticas ni de decisiones discrecionales”.