En contacto con Radio Uno, el presidente del Concejo Deliberante de Gran Guardia, Benjamín Salinas, describió un escenario crítico marcado por el atraso en el pago de salarios municipales, la falta de diálogo institucional y la ausencia de información oficial por parte del Ejecutivo local.
La situación derivó en manifestaciones visibles frente al municipio, entre ellas la instalación de una olla popular, como expresión del reclamo de trabajadores que perciben solo una parte de sus haberes. Según se informó, el personal municipal mantiene un atraso del 55% del salario correspondiente al mes anterior, mientras se acumulan nuevas obligaciones sin precisiones sobre fechas de pago.
Pedidos formales ignorados
Desde el Concejo Deliberante se indicó que, desde diciembre, se presentaron solicitudes formales de informes al Ejecutivo municipal, entre ellas la rendición de cuentas y el detalle del destino de los recursos recibidos. Sin embargo, esos requerimientos no obtuvieron respuesta, pese a tratarse de atribuciones legales del cuerpo legislativo.
El contacto institucional con el intendente Lázaro Caballero, señalaron, se limita a encuentros puntuales y sin avances concretos, incluso en instancias clave como el tratamiento del presupuesto municipal.
Fondos recibidos y falta de transparencia
De acuerdo a los datos expuestos, durante diciembre el municipio habría percibido alrededor de 236 millones de pesos en concepto de coparticipación provincial. No obstante, desde el Concejo se remarcó que no existe información oficial que permita conocer cómo se administraron esos fondos ni por qué no se logró garantizar el pago completo de los salarios.
La Municipalidad cuenta con aproximadamente 240 empleados, una estructura que hoy se sostiene con dificultades crecientes, mientras el impacto del atraso salarial se traslada al comercio local y a la economía cotidiana de la comunidad.
Servicios limitados y malestar creciente
Aunque algunos servicios básicos continúan funcionando, lo hacen de manera parcial. La falta de recursos y la incertidumbre financiera comienzan a resentir tareas esenciales, en un contexto de creciente tensión social en una localidad de menos de 500 contribuyentes.
Escalada política
Ante la persistencia del conflicto y la falta de respuestas del Ejecutivo municipal, desde el Concejo Deliberante se avanzó en gestiones para llevar el planteo al Gobierno provincial, en busca de una intervención que permita ordenar la situación y garantizar los derechos de los trabajadores.
El escenario en Gran Guardia refleja una crisis que ya dejó de ser solo administrativa y se transformó en un conflicto político e institucional, con consecuencias directas sobre los vecinos y el funcionamiento del municipio.
(Diario El Comercial).