En otra polémica decisión que pone en jaque la transparencia electoral en Formosa, el juez federal con competencia electoral Pablo Morán, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Alucín y el fiscal federal Luis Benítez —todos conocidos por su afinidad con el gildismo— resolvieron rechazar el pedido de la Dirección Nacional Electoral (DNE) para enviar analistas operativos a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.
Paradójicamente, los mismos magistrados sí autorizaron el ingreso de militantes de la seudo “Defensoría del Pueblo“, encabezada por el ultrakirchnerista Leonardo Gialluca, para “controlar” los comicios.
Una decisión que, según especialistas en derecho electoral, carece de toda lógica y fundamento legal, y que constituye una nueva maniobra para blindar al poder político provincial y dejar sin control federal el proceso electoral formoseño.
Morán vuelve a actuar como juez del poder, no de la Constitución
La resolución de la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa, integrada por Morán, Alucín y Benítez, argumenta que “no existe normativa legal alguna que prevea la figura del analista operativo durante los comicios”. Sin embargo, lo cierto es que la Dirección Nacional Electoral es un organismo oficial y sujeto electoral reconocido por la ley, con personal autorizado para monitorear la transparencia del proceso y colaborar con la Justicia Nacional Electoral.
En cambio, la Defensoría del Pueblo no es un sujeto electoral y, por tanto, no puede intervenir como veedora ni fiscalizadora, mucho menos si está encabezada por un funcionario abiertamente alineado con Gildo Insfrán y el Frente de la Victoria.
“Autorizar a la Defensoría del Pueblo a controlar las elecciones es como poner a Drácula a cargo del banco de sangre”, ironizó un dirigente opositor, recordando que Gialluca ha sido uno de los defensores más acérrimos del modelo provincial y un habitual vocero de la propaganda oficial.
Una maniobra para cerrar la provincia y evitar la mirada externa
El rechazo a la DNE no es casual. Desde el Gobierno provincial y sus aliados judiciales existe un temor creciente a la presencia de organismos nacionales que puedan observar irregularidades o constatar el uso del aparato estatal en favor del oficialismo.
La participación de los analistas operativos de la DNE —una práctica habitual en varios distritos del país— habría permitido un control técnico e institucional del desarrollo de los comicios. Pero en Formosa, donde el poder político y la Justicia actúan en simbiosis, la prioridad fue impedir la fiscalización independiente y asegurar el monopolio del control dentro de las escuelas.
Mientras tanto, la resolución firmada por Morán sostiene que “no es posible incorporar a los analistas en esta etapa del proceso por falta de tiempo y normativa específica”, un argumento tan débil como funcional al interés del poder político, que pretende mantener bajo llave el sistema electoral más opaco del país.
La Justicia formoseña, garante del fraude y la impunidad
La decisión de Morán, Alucín y Benítez consolida la imagen de una Justicia colonizada por el poder gildista, que se comporta no como garante de la ley sino como un brazo político del Gobierno provincial.
En lugar de promover la transparencia, rechazan la supervisión nacional; en lugar de garantizar la igualdad de condiciones, habilitan a militantes oficialistas a “observar” los comicios.
Lo que debía ser una elección libre y controlada se transforma, una vez más, en un acto cerrado, opaco y manipulado, donde los que deberían custodiar la voluntad popular son los mismos que la distorsionan.
Formosa merecía un proceso electoral limpio y transparente
Pero con Pablo Morán al frente del juzgado federal, Guillermo Alucín en el Tribunal y Leonardo Gialluca adentro de las escuelas, lo que habrá el domingo será una elección controlada por el poder, sin control de la Nación, y con la Justicia mirando para otro lado.
(Fuente: Prensa Libre Formosa).