La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
La Convención Constituyente de Formosa volvió a mostrar este viernes que no es un ámbito de debate plural ni un espacio democrático, sino un apéndice más del régimen de Gildo Insfrán. Bajo el disfraz de institucionalidad, el oficialismo aceptó en bloque las renuncias de cinco convencionales de la oposición y consumó la expulsión de Francisco Paoltroni, el único que desde adentro se atrevió a cuestionar los cimientos del feudo.
La Resolución N° 44/25 convocó a los suplentes para cubrir las bancas vacantes. Todo prolijo, todo en orden administrativo, como si las renuncias de Atilio Basualdo, María Sofía Fridman, Pablo Miguez, Guillermo Evans y Gabriela Neme fueran hechos aislados y voluntarios. En realidad, el repliegue opositor y la posterior “normalización” con suplentes abre la puerta a una convención cada vez más monocorde, menos incómoda para los planes de Insfrán.
Pero el golpe político estuvo en la Resolución N° 42/25: la exclusión de Paoltroni, sancionado con la figura de “indignidad” por haber pedido nada menos que la intervención federal de Formosa. Algo previsto en la Constitución Nacional —que habilita la intervención cuando las instituciones provinciales se desvían de la república— se transformó aquí en una especie de traición imperdonable. El gildismo ya había avanzado semanas atrás en consagrar por vía constitucional esta aberración, elevando a dogma partidario lo que debería ser un debate institucional.
Lo cierto es que la expulsión de Paoltroni no tiene que ver con reglamentos ni con supuestas incompatibilidades, sino con el encono personal que Insfrán le guarda desde que el senador puso en agenda nacional la posibilidad de intervenir la provincia. El resto son excusas, retórica de Vera y compañía para maquillar un acto de censura política.
El relato oficialista llegó al ridículo de acusar al senador de “desconocer la Constitución” y de repetir “como loro” lo que le escriben, mientras el propio bloque justicialista sanciona artículos que blindan al régimen de cualquier intento de control federal. El artículo 111 de la Constitución provincial, usado como garrote, fue invocado como si se tratara de un tribunal de honor.
La paradoja es evidente: el feudo consagra como “indignidad” el ejercicio de un derecho constitucional nacional. En Formosa, disentir es un pecado, y pretender que la Nación mire lo que ocurre en el norte profundo, una blasfemia.
Mientras tanto, la convención avanza con reformas económicas y productivas que se presentan como “modernizaciones”, pero que en realidad refuerzan el control del Estado sobre sectores estratégicos y blindan recursos con cláusulas de inembargabilidad. En el mismo paquete, se incorporan gestos progresistas sobre consumidores y educación financiera, en un intento de maquillaje de modernidad que contrasta con la intolerancia política ejercida en el recinto.
La octava sesión dejó expuesta, una vez más, la lógica de la casa: las voces incómodas se eliminan, los disidentes se castigan, y lo que debería ser un proceso democrático se convierte en un monólogo. La Convención Constituyente de Formosa ya no es un espacio de deliberación: es la puesta en escena de una farsa legitimadora al servicio de un poder que lleva casi tres décadas en el sillón y que no admite ni siquiera la sospecha de control externo.
En Formosa, pedir la intervención federal no es un recurso jurídico: es declararse enemigo del régimen. Y los enemigos, ya sabemos, son perseguidos hasta anularlos en un régimen autoritario como el de Insfrán.
(Por Leo Fernández Acosta).