En la ciudad de Clorinda, esta mañana se ha desatado una rebelión de camioneros provenientes de diferentes partes del país y países limítrofes. Los transportistas denuncian el cobro ilegal de un impuesto por el simple hecho de transitar por la ciudad sobre ruta nacional 11, impuesto que habría sido implementado durante la pandemia del COVID-19. Según las acusaciones, el municipio, bajo la administración del intendente interino y candidato Ariel Caniza, estaría recaudando más de un millón de pesos por día a través de este impuesto.
La diputada provincial Gabriela Neme se hizo presente en el lugar y denunció públicamente la ilegalidad del canon aplicado por el municipio a los camioneros. Además, Neme señaló que los transportistas son retenidos ilegalmente en un playón municipal y que aquellos que se negaron a pagar el impuesto fueron detenidos. La diputada fundamentó sus denuncias en la Constitución Nacional y los tratados internacionales del Mercosur, que garantizan el libre tránsito, normas que, según ella, están siendo violadas en Clorinda.
La situación ha generado un clima de tensión en la ciudad, con los camioneros exigiendo la eliminación del impuesto y libre circulación en la zona. Las autoridades municipales aún no han emitido un comunicado oficial al respecto.