En las últimas horas, ha salido a la luz una nueva denuncia que sacude al gobierno provincial. Según la diputada Gabriela Neme, una empresa vinculada a un ministro del gobierno habría recibido pagos del estado por un monto cercano a los dos mil millones de pesos en tan solo cinco días.
La denuncia de Neme pone en evidencia un esquema de facturación millonaria por parte de empresas constructoras relacionadas con funcionarios provinciales. Este escándalo se agrava en el contexto de una provincia donde los empleados públicos perciben salarios por debajo de la línea de indigencia.
Además, la diputada ha señalado la existencia de empresas fantasmas en este entramado. En algunos casos, los dueños de estas empresas serían prestanombres, conocidos como testaferros, ya que sus propietarios no contaban con bienes antes de dedicarse a la construcción.
Este caso plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la administración de los recursos públicos, y exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.