La reciente designación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado una ola de controversias y críticas. Propuesto por el presidente Javier Milei, Lijo enfrenta serios cuestionamientos sobre su idoneidad moral y profesional para ocupar un puesto en el máximo tribunal del país.
Ariel Lijo, conocido por su rol en casos de alto perfil como el caso The Old Fund / Ciccone, donde el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado, ha sido acusado de encubrimiento en varias causas judiciales. En el mismo caso The Old Fund / Ciccone, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue absuelto por la justicia provincial, lo que ha levantado sospechas sobre posibles influencias políticas en las decisiones judiciales.
El senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, ha sido uno de los críticos más vocales de la designación de Lijo, acusándolo de garantizar la impunidad de Insfrán. Paoltroni no está solo en sus críticas; la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también ha expresado su preocupación sobre la nominación.
La situación ha generado tensiones dentro del propio gobierno. La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ha manifestado sus sospechas de que la vicepresidenta Villarruel podría no apoyar el nombramiento de Lijo en la Corte Suprema, lo que podría complicar aún más el proceso de confirmación, y la acusan de tener un proyecto y agenda propia, lejos de los planes presidenciales.
Ariel Lijo deberá defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos del Senado el próximo miércoles, donde se espera que enfrente un intenso escrutinio. La aprobación de su nombramiento requiere el apoyo de dos tercios del Senado, un desafío considerable dado el clima político actual.
La designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en evidencia las profundas divisiones y tensiones dentro del sistema político y judicial argentino. A medida que el proceso de confirmación avanza, será crucial observar cómo se desarrollan los debates y qué impacto tendrán en la percepción pública de la justicia en el país.
