Por primera vez en la ciudad de Santa Fe, se derrumbarán dos búnkers de drogas por orden judicial. La medida fue dictada por la jueza Cecilia Labanca en una audiencia realizada este jueves en la sala 1 de los tribunales santafesinos.
El pedido fue realizado por el fiscal Agustín Nigro, acompañado por funcionarios de la Fiscalía de Estado, de la Fiscalía Municipal y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.
La defensora pública Virginia Balanda solicitó que antes del derrumbe se retiren algunos elementos personales (prendas de vestir, documentación y mochilas escolares) que había en uno de los inmuebles.
Búnkers de drogas
En la audiencia, el fiscal Nigro enumeró los motivos por los que solicitó el derrumbe de dos construcciones precarias ubicadas en un pasillo en inmediaciones de Cochabamba al 4100, entre pasaje Leiva y Presidente Perón. También reclamó que sean removidos dos portones colocados en los extremos del pasillo, con los que los narcos de la zona ejercían control y dominio territorial.
Nigro explicó que el 3 de mayo se realizaron allanamientos en esos dos lugares, en el marco de una investigación que había comenzado el 1° de marzo cuando los denunciantes señalaron que en esa zona había puestos de ventas de drogas. En los allanamientos se detuvo a dos personas que fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y quedaron en prisión preventiva.
También se secuestró material estupefaciente en uno de los inmuebles, y si bien en el otro no había presencia de drogas, las características de los dos lugares eran similares: viviendas precarias, con puertas de chapa y una pequeña ventana enrejada, sin elementos para la vida cotidiana, apenas algún colchón en malas condiciones y algunas prendas de vestir. Los efectivos policiales volvieron a la zona un par de días después de los operativos, a fin de constatar si había personas viviendo en esos lugares, y cuando buscaron un testigo de actuación el hombre refirió que “no quería tener problemas con los narcos”.
Nigro detalló que también se pudo precisar que esos lugares ya habían sido allanados previamente, también en causas por narcotráfico, y que durante enero y marzo se habían recibido varias denuncias de vecinos de la zona que daban cuenta que se perpetraban robos en el lugar, y que los elementos robados eran cambiados por material estupefaciente en ese pasillo.
Finalmente, el fiscal detalló que se pudo corroborar también que los inmuebles estaban construidos sobre terrenos fiscales de la provincia, y sin ningún tipo de habilitación municipal. Esto fue avalado por los funcionarios presentes: Silvina Antonini y Miguel Molinari, por la Fiscalía municipal, Paola Landa por la Fiscalía de Estado y Sebastián Montenote, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
La jueza Labanca encontró acreditados todos los requisitos legales para derrumbar los búnkers: que se haya constatado que en el lugar sólo se realizaba venta de drogas, que no haya persona que pudiera reclamar titularidad sobre el inmueble y que no pueda ser destinado para otro fin, entre otras cuestiones. La magistrada también realizó las siguientes advertencias, antes de proceder a la demolición: que sean retiradas todas las pertenencias personales y que se constate que no correrán riesgos edilicios las viviendas linderas a los búnkers que serán derribados en esa zona de barrio Barranquitas. (Aire de Santa Fe).