La semana pasada, el Ministro de Justicia de la Nación, el Dr. Mariano Cúneo Libarona habría recibido un informe detallado de los hechos ocurridos en pandemia, cobrándose la vida de varias personas, incluida el de un joven que murió ahogado en el río Bermejo porque las autoridades provinciales, y policía le impedía el ingreso a la provincia.
El gobierno de la provincia de Formosa, ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19, señalaron Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica.
Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias. Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí.
Entre enero y marzo 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. La mayoría de los entrevistados temían sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgaran sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos habían manifestado ser empleados públicos y temían perder su trabajo.
Para el gobierno de Javier Milei, los centros de aislamiento aplicados por el gobierno provincial a los ciudadanos, eran centro de detenciones ilegales que violaban varios puntos de los derechos humanos, y en en las próximas semanas podría judicializarse. Evalúan también el accionar de la justicia provincial.
Es importante destacar que a fines de febrero el senador formoseño Francisco Paoltroni se reunió con el Ministro de Justicia y señaló: “Junto al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, coincidimos en la necesidad de garantizar los principios republicanos en cada provincia. En ese marco, dialogamos sobre la presentación que hice con el patrocinio del doctor Daniel Sabsay en la Corte Suprema para terminar con las reelecciones indefinidas en Formosa”.