Las nuevas autoridades del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda denunciaron en la víspera que “la gestión anterior dejó unas 2600 viviendas inconclusas, entregando de manera irregular un total de 1343 viviendas distribuidas por todo el territorio chaqueño. Muchas de las cuales aún se encuentran en construcción y sin terminar. La mayoría de estas viviendas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no se ejecutaron las obras de infraestructura básicas y, en consecuencia, carecen de servicios elementales como luz, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público”.
Por otra parte, aseguran que estas entregas irregulares de viviendas se vieron agravadas por una intimación a las familias beneficiadas, donde se las obligaba a ocupar las viviendas en el estado en que se encontraban, en un plazo de 10 días bajo apercibimiento de ser desafectados de las mismas si no cumplían con dicha intimación.
Además, esta clara maniobra electoralista, sostienen, puso al desnudo la cara más perversa del exgobernador Capitanich y del expresidente del Ipduv, Diego Arévalo, obligando a cientos de familias a ingresar a viviendas que no reunían condiciones para ser habitadas, conformando una verdadera estafa moral no solo para esas familias que en su gran mayoría fueron beneficiadas por métodos irregulares, sino fundamentalmente, fue una estafa moral para los más de 46.000 chaqueños que se encuentran empadronados en el Instituto de Vivienda y que esperan hace muchos años acceder a su casa.
“A mitad del año 2023, el Estado nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, observa que las obras de infraestructura que debía ejecutar la provincia no se habían iniciado y, en consecuencia, procede a intimar mediante cartas documento enviadas al Ipduv para que diera inicio a las redes de agua, electricidad, apertura de calles, etc., para que una vez finalizadas las obras de viviendas, las mismas cuenten con todos los servicios esenciales. Estas intimaciones fueron desoídas e incumplidas por parte del gobierno provincial y del instituto”, indicaron.
Finalmente, todo lo expuesto por la actual gestión deja a las claras el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las anteriores autoridades del organismo, “más allá del obrar inmoral que significó jugar con la necesidad y la urgencia de las familias afectadas”.
(Diario Norte).