Los concejales de El Colorado por la UCR y el Frente Amplio Formoseño, Emanuel Zieseniss y Fulvio Monfardini, con el patrocinio de los Dres. Gabriela Neme y Agustín Damra, denunciaron ante la Justicia Federal a la familia Brignole, del Partido Justicialista, que gobierna esta ciudad desde hace 27 años, por presunto “lavado de activos”.
El concejal Emanuel Zieseniss señaló: “No estamos hablando de un hecho aislado de corrupción. Estamos denunciando un plan sistemático de saqueo y lavado de dinero en El Colorado, que estaría siendo llevado a cabo por la familia que gobierna la ciudad”.
En ese sentido, la Dra. Gabriela Neme afirmó: “En Formosa es tiempo de terminar con la corrupción y quien lava dinero público debe recibir todo el peso de la ley, como en el abusivo caso de la familia Brignole de El Colorado”.
Neme sostuvo que “cada peso que termina en los bolsillos de los corruptos es un peso que falta en un hospital, en un medicamento, en una escuela, en una calle que permita a una familia salir del barro. Es una obra que no se hace, una vida que puede no salvarse, un derecho que se vulnera”, se señaló desde el equipo jurídico.
“LA CORRUPCIÓN MATA. Y LOS QUE SE ROBAN LA PLATA DEL PUEBLO TAMBIÉN SON RESPONSABLES DE SUS CONSECUENCIAS”, afirmó Neme.
Cabe destacar que El Colorado es señalado como una muestra emblemática de nepotismo, concentración de poder, corrupción e impunidad. Según los denunciantes, esta situación se repetiría en gran parte de los municipios del interior de Formosa, donde intendentes y sus familias, luego de permanecer varios mandatos al frente de las comunas, habrían incrementado considerablemente su patrimonio mientras administraban fondos del Estado.
Mario Brignole asumió en 1995 como intendente, perdió en 1999 y volvió a la intendencia en 2003. Desde entonces, según la denuncia, habría incorporado a distintos integrantes de su familia en puestos claves del municipio y se habría mantenido en el poder local hasta la actualidad.
Según lo denunciado, Mario Brignole es el intendente; su hijo mayor, Fernando Brignole, es presidente del Concejo Deliberante; y su hijo menor, Marcelo Brignole, es vicepresidente del Concejo Deliberante de El Colorado y sería titular de una empresa constructora familiar que presta servicios al municipio y a la provincia para la realización de obras en la ciudad.
La esposa de Brignole, Clara Doroñuc, fue durante 17 años presidenta del Concejo Deliberante y posteriormente pasó a ser diputada provincial. Su hija, Mariela Brignole, sería titular o cotitular de la empresa constructora familiar. En tanto, el yerno de Brignole, Martín Cantón, sería titular del SENASA en El Colorado. La denuncia también menciona a otros familiares que ocuparían puestos claves dentro de la Municipalidad.
Según los denunciantes, la familia Brignole habría pasado de no contar con un patrimonio significativo a construir una fortuna valuada en miles de millones de pesos. Entre los bienes que, según sostienen, estarían a la vista se mencionan una empresa constructora, corralones, distintos campos en las cercanías de El Colorado, boliches bailables, departamentos, una flota de camionetas de alta gama y últimos modelos, lanchas y distintas propiedades en El Colorado y Formosa Capital. También se señala la existencia de un presunto emprendimiento inmobiliario en Asunción, Paraguay.
Lo llamativo, según la denuncia, es que en el municipio de El Colorado, al igual que en otros municipios de Formosa, los sueldos —incluidos los del intendente y los concejales— históricamente se encontrarían por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, los denunciantes sostienen que el patrimonio familiar señalado no podría explicarse únicamente a partir de los salarios percibidos como funcionarios municipales.
A esto se suma, según plantean, el presunto manejo poco transparente de los fondos municipales, señalando que no existiría una rendición de cuentas adecuada sobre el destino del dinero público.
Los denunciantes sostienen que la falta de investigación en el ámbito de la Justicia provincial los llevó a recurrir a la Justicia Federal para que se investigue el presunto lavado de activos y otros posibles delitos vinculados con la adquisición de los bienes mencionados y con la eventual puesta en circulación de dinero de presunto origen ilícito con el objetivo de darle apariencia de legalidad.