Una investigación de Leonardo Fernández Acosta, en Formosa Investiga puso bajo la lupa el manejo de los recursos del Poder Judicial provincial. Mientras el presupuesto creció de $57.682 millones a $92.376 millones entre 2025 y 2026, los trabajadores judiciales denuncian aumentos insuficientes, una enorme brecha salarial con los ministros del Superior Tribunal de Justicia y falta de inversión en los edificios. El dato más alarmante: de $51 millones destinados a mejoras edilicias, hasta septiembre solo se habían ejecutado $362.233. ¿Dónde están las prioridades de la Justicia formoseña?
Una investigación publicada por el portal Formosa Investiga , firmada por el periodista Leonardo Fernández Acosta, abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la administración presupuestaria del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la distribución de los recursos destinados al funcionamiento del Poder Judicial provincial.
El trabajo, basado en cifras presupuestarias y planillas de ejecución correspondientes a 2025 y 2026, expone una contradicción que merece explicaciones públicas: mientras los fondos asignados al Poder Judicial aumentaron nominalmente un 60,2%, los empleados de las categorías inferiores continúan reclamando mejoras salariales y las inversiones edilicias registran una ejecución prácticamente inexistente .
La controversia se desarrolla en medio de un conflicto gremial que ya provocó medidas de fuerza, movilizaciones y denuncias por descuentos salariales.
Pero el problema va mucho más allá de una discusión entre empleados y autoridades judiciales. Se trata de conocer cómo se administra el dinero público, quién decide su distribución y qué beneficios concretos reciben los trabajadores y los ciudadanos.
De $57.682 millones a $92.376 millones: el presupuesto aumentó, pero las preguntas también
De acuerdo con los datos difundidos por Formosa Investiga, el presupuesto reconducido de 2025 asignaba al Poder Judicial $57.682,8 millones .
Para 2026, el crédito presupuestario ascendió a $92.376,1 millones , lo que representa un incremento nominal del 60,2% .
Es decir, el organismo contó con una asignación superior en aproximadamente $34.693 millones respecto del año anterior.
Sin embargo, ese crecimiento no significa que todos los sectores hayan recibido aumentos equivalentes ni permite concluir, por sí solo, que los recursos hayan sido distribuidos equitativamente.
La partida destinada a gastos de personal pasó de $52.650 millones en 2025 a $82.965,2 millones en 2026, un incremento del 57,6%, inferior al crecimiento del presupuesto total.
Mientras tanto, las asignaciones correspondientes a otros conceptos, como bienes, servicios e inversiones, aumentaron en una proporción mayor.
La pregunta central no es solamente cuánto aumentó el presupuesto, sino cómo se distribuyó ese incremento y qué resultados produjo.
El dato más preocupante: apenas el 0,71% ejecutado para mejoras edilicias
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación corresponde a la partida denominada Mejoramiento Infraestructura Edilicia del Poder Judicial .
Según las planillas citadas por el medio, para 2026 se habían previsto $51 millones destinados a ese concepto.
Sin embargo, al 30 de septiembre, el gasto ejecutado ascendía a solamente $362.233,75 .
El contraste resulta especialmente llamativo porque, durante el mismo período, la partida destinada al personal había alcanzado una ejecución del 82,6%.
No se trata de afirmar que los fondos de infraestructura hayan desaparecido o sido desviados: los datos indican que prácticamente no fueron ejecutados durante los primeros nueve meses del año .
Pero esa situación exige una explicación concreta.
¿Por qué se destinó una suma tan reducida a mejoras edilicias? ¿Qué obras estaban previstas? ¿Cuáles fueron ejecutadas? ¿Por qué el nivel de utilización de esos recursos fue tan bajo?
Y, fundamentalmente, ¿qué condiciones de infraestructura enfrentan los trabajadores judiciales y los ciudadanos que necesitan acudir a los juzgados?
Denuncian que los ministros cobran más de $27 millones mientras los empleados de menor categoría rondan $1,4 millones
La investigación también recupera las denuncias salariales formuladas por la Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) .
Su secretaria general, Fátima Gutiérrez , afirmó que los ministros del Superior Tribunal de Justicia percibirían ingresos de bolsillo superiores a los $27,5 millones mensuales , mientras que los trabajadores ubicados en las categorías inferiores cobrarían alrededor de $1,4 millones .
De confirmarse esas cifras, la diferencia entre ambos extremos del escalafón superaría los $26 millones mensuales.
La organización gremial también cuestionó presuntos incrementos adicionales para magistrados y funcionarios mediante conceptos especiales, entre ellos los denominados gastos protocolares.
Estas afirmaciones constituyen denuncias gremiales y no pudieron ser verificadas de manera independiente a partir de recibos salariales oficiales o un desglose completo de las remuneraciones .
Sin embargo, la magnitud de las diferencias denunciadas vuelve indispensable que las autoridades judiciales expliquen cómo se componen los salarios y qué criterios se utilizan para establecer los adicionales.
Porque una cosa es reconocer las distintas responsabilidades de cada cargo y otra muy diferente es mantener bajo reserva información necesaria para evaluar el uso de los fondos públicos.
La transparencia no debería depender de que los trabajadores consigan información fragmentada o de que las autoridades se limiten a negar las cifras denunciadas.
Cuando se trata de remuneraciones financiadas con recursos públicos, corresponde contar con información suficiente para ejercer el control institucional.
Mientras los judiciales reclaman aumentos, el presupuesto de personal ya estaba ejecutado en un 82,6%
Otro dato que merece atención es el ritmo de ejecución de la partida salarial.
Según las cifras publicadas, al 30 de septiembre se habían utilizado $68.500,8 millones de los $82.965,2 millones previstos para personal durante 2026.
Eso equivale al 82,6% del crédito anual .
En consecuencia, quedaban aproximadamente $14.464 millones de la asignación original para los últimos tres meses del ejercicio.
Esta diferencia plantea interrogantes sobre la planificación financiera del organismo.
Precisamente por eso, el STJ debería informar cómo prevé afrontar los compromisos salariales restantes y qué modificaciones presupuestarias se realizaron o se encuentran previstas.
Una Justicia con conflictos salariales y reclamos por descuentos
Las revelaciones presupuestarias aparecen en un momento particularmente sensible para los empleados judiciales.
Durante septiembre y octubre, AJUFSA llevó adelante reclamos y medidas de fuerza para exigir mejoras en las remuneraciones y cuestionar decisiones adoptadas por las autoridades del Poder Judicial.
Entre los puntos de conflicto se encuentran los descuentos salariales por jornadas de protesta, vinculados con disposiciones del Superior Tribunal de Justicia.
Desde el gremio también se denunciaron presiones sobre trabajadores que participaron de las medidas de fuerza.
Las autoridades judiciales tienen facultades de administración y deben garantizar el funcionamiento del servicio, pero esas atribuciones también están sujetas a las normas laborales y a los derechos constitucionales.
El conflicto vuelve más importante conocer con precisión cómo se distribuyen los recursos presupuestarios.
Lo que sí muestran las cifras difundidas es una distribución de recursos que merece ser examinada.
El presupuesto total creció un 60,2%, pero la partida salarial aumentó proporcionalmente menos, mientras que el crédito destinado a infraestructura fue reducido y registró una ejecución de apenas el 0,71%.
Al mismo tiempo, los representantes de los trabajadores denuncian una brecha salarial extraordinaria con las máximas autoridades judiciales.
Para determinar si existieron decisiones injustificadas, privilegios salariales o irregularidades presupuestarias, resulta necesario acceder al detalle de las liquidaciones, las resoluciones administrativas y las modificaciones de partidas.
¿Quién controla el presupuesto del Poder Judicial?
La investigación abre una discusión institucional que no debería quedar limitada al conflicto entre el STJ y los gremios.
El Poder Judicial administra recursos públicos y, como cualquier otro organismo estatal, debe rendir cuentas sobre su utilización.
Las autoridades deberían responder, como mínimo, qué remuneraciones y adicionales perciben los ministros del STJ; qué aumentos fueron otorgados a las distintas categorías durante 2026; qué obras edilicias estaban previstas; por qué se ejecutó menos del 1% de la partida específica de infraestructura hasta septiembre; y cómo se financiarán los compromisos salariales del último trimestre.
Estas respuestas permitirían evaluar la gestión con documentación y no solamente a partir de declaraciones enfrentadas.
Un presupuesto millonario y una deuda pendiente con la transparencia
La investigación de Formosa Investiga, publicada este 25 de octubre, aporta elementos concretos para discutir las prioridades presupuestarias del Poder Judicial provincial.
El incremento del 60,2% en los recursos asignados contrasta con las denuncias de los trabajadores sobre la insuficiencia de sus salarios y con el bajísimo nivel de ejecución de la partida destinada a infraestructura.
La información disponible no permite afirmar que los fondos hayan sido desviados ni confirmar los montos salariales atribuidos a los ministros del STJ. Pero sí justifica exigir una rendición pública, detallada y verificable.
Porque cuando una institución que debe garantizar justicia y legalidad administra más de $92.000 millones, la transparencia sobre el destino de esos recursos no puede ser una concesión: debe ser una obligación.
Y mientras las autoridades no publiquen la información necesaria para despejar las dudas, seguirá vigente una pregunta que merece una respuesta documentada:
¿Cómo se distribuyeron los miles de millones adicionales del presupuesto judicial y por qué ese incremento no se refleja, según las denuncias gremiales, en mejores salarios para las categorías inferiores ni en una mayor inversión edilicia?
(Fuente: Diario Prensa Libre).