Miguel Montoya cuestionó el fallo del juez de Faltas de Las Lomitas contra cuatro integrantes de un equipo periodístico que filmaba un documental en una comunidad Nivaclé. Advirtió sobre el precedente que sienta la sentencia y sostuvo que exigir una acreditación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión.
La condena de arresto y multa impuesta a cuatro integrantes de un equipo periodístico de La Nación por haber filmado y grabado en una comunidad originaria del interior de Formosa continúa generando repercusiones políticas y periodísticas. El caso, que volvió a instalar a la provincia en la agenda nacional, motivó un pronunciamiento de repudio del radicalismo y abrió un nuevo debate sobre los límites de la intervención judicial en el ejercicio de la libertad de prensa.
En contacto con Radio Uno, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Montoya, expresó su preocupación por las consecuencias del fallo dictado por el juez de Paz de Las Lomitas, doctor Padilla, y advirtió que la sentencia podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo.
“Me preocupa mucho el precedente que sienta este fallo. Es para mirarlo con mucha atención, no es un hecho aislado que debemos dejar pasar así nomás”, sostuvo el legislador, quien explicó que el bloque radical emitió un documento de rechazo al día siguiente de conocerse la resolución judicial.
Montoya, abogado de profesión, centró sus cuestionamientos en uno de los fundamentos de la condena: la supuesta falta de una acreditación que habilite a los integrantes del equipo a ejercer el periodismo. Para el diputado, esa exigencia representa una contradicción con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión.
“Una cosa es discutir si existió alguna conducta concreta que pudo haber afectado los derechos de la comunidad y otra, completamente distinta, es sostener que alguien necesita un carnet que lo habilite para ejercer el periodismo”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la libertad de expresión no constituye una concesión del Estado, sino un derecho que no puede quedar condicionado a una autorización oficial. “Si el poder puede otorgar un carnet habilitante, está decidiendo quién puede preguntar y quién puede investigar en una sociedad”, advirtió.
El permiso de la comunidad y la ausencia de violencia
Durante la entrevista, Montoya también hizo referencia a aspectos de la propia sentencia que, según su interpretación, debilitan los argumentos utilizados para condenar a los periodistas. Señaló que el fallo reconoce que el equipo ingresó a la comunidad con autorización de sus habitantes y que, cuando se les solicitó que se retiraran, lo hicieron pacíficamente.
“Acá el fallo, en el mismo fallo, el juez está reconociendo que no hubo violencia ni intimidación por parte de los periodistas. El fallo centra la cuestión en la falta de un carnet que demuestra que son periodistas. Y esto es gravísimo”, manifestó.
El diputado aclaró que su postura no implica desconocer los derechos de las comunidades originarias ni considerar que el ejercicio de la prensa habilita a vulnerar la intimidad de las personas o ingresar por la fuerza a un lugar. Sin embargo, insistió en que esas cuestiones deben distinguirse de la exigencia de una acreditación profesional para poder investigar, realizar entrevistas o difundir información.
Como fundamento de su posición, recordó que hace cuatro décadas una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a un carnet habilitante.
“Buscar, recibir y difundir información es un derecho. Yo necesito matrícula para ejercer la abogacía porque no existe un derecho constitucional de cualquier persona a ser abogado, pero sí existe un derecho ciudadano de poder investigar, de poder hacer preguntas, de poder grabar una entrevista y de poder difundir información”, explicó.
Un fallo que llegó a la agenda nacional
El caso involucra a cuatro integrantes de un equipo de La Nación que realizaba un documental en una comunidad del pueblo Nivaclé, cuyos integrantes reclaman desde hace años el reconocimiento como una cuarta etnia originaria preexistente en Formosa.
La situación ya había tenido repercusión nacional el año pasado, cuando se denunció un intento de detener a integrantes del equipo periodístico en medio de una ruta. La reciente condena volvió a colocar el conflicto en el centro de la discusión pública, con pronunciamientos de referentes políticos y funcionarios nacionales.
Consultado sobre la actuación del juez Padilla, Montoya evitó atribuirle intenciones personales y sostuvo que su preocupación se concentra en el contenido de la sentencia y en las consecuencias institucionales que podría generar.
“No necesito atribuirle una intención al juez. Yo analizo la sentencia y sus consecuencias, porque acá, si una sentencia establece como criterio que para ejercer el periodismo hace falta una acreditación, ahí me preocupa profundamente el precedente que genera”, señaló.
Finalmente, el legislador manifestó su expectativa de que el medio periodístico apele la resolución y que, en caso de llegar al Superior Tribunal de Justicia de Formosa, se revisen los fundamentos de la condena.
“Estas cosas hay que frenarlas de pleno. Yo espero que, seguramente, el medio apelará a este fallo y, si llega al Superior Tribunal, lo único que tiene que hacer es revisar estos antecedentes y poner fin a esta locura”, concluyó.
(Diario El Comercial).