En medio de los reclamos de mujeres que exigen soluciones habitacionales al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), salió a la luz un caso que reaviva el debate sobre el acceso desigual a estas casas. Vecinos del barrio Ibirá Pytá, en la ciudad capital, confirmaron que el exdiputado gildista López Guaymas habría sido adjudicatario con tres viviendas del IPV, algo expresamente prohibido por la normativa vigente.
Se trata de las unidades ubicadas en la manzana 245, casas números 5 y 6 frente a la calle principal y una tercera, la número 13, que funcionaría como el patio trasero del domicilio del exfuncionario. Según el reglamento para acceder a viviendas del FO.NA.VI., ningún beneficiario puede ser adjudicado con más de un inmueble, lo que convierte este caso en un ejemplo de irregularidad. Tras el fallecimiento de López Guaymas, las viviendas habrían quedado en manos de sus hijos.
El episodio expone una problemática recurrente: mientras ciudadanos comunes enfrentan largas listas de espera y requisitos estrictos para acceder a una vivienda, algunos funcionarios del gobierno provincial parecen contar con facilidades excepcionales. La situación genera indignación y abre un debate más amplio sobre la transparencia en la adjudicación de viviendas sociales.