Formosa atraviesa una crisis profunda de convivencia democrática y seguridad ciudadana, mientras el gobierno provincial incumple los principios que consagró en su reciente reforma constitucional.
Hace apenas unos meses, el oficialismo formoseño liderado por el gobernador Gildo Insfrán impulsó una reforma constitucional que incorporó, como uno de sus pilares, el derecho de todos los habitantes a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Este derecho fue elevado a garantía constitucional, obligando al Estado a respetarlo y protegerlo.
“El artículo no significa la ausencia total de conflicto, sino la capacidad de resolverlos con respeto y diálogo. Sin paz social no hay democracia sólida”, explicó en su momento el convencional constituyente y actual diputado provincial Hugo García, quien ofició como miembro informante del proyecto.
Sin embargo, la realidad que vive Formosa contradice abiertamente ese principio. En las últimas semanas, se han registrado episodios de violencia política protagonizados por militantes del gildismo, que terminaron con simpatizantes de La Libertad Avanza lesionados. Los hechos, que trascendieron a nivel nacional, evidencian una ruptura del pacto democrático y una violación directa a la nueva constitución provincial.
A esta situación se suma una creciente ola de inseguridad que afecta a la población formoseña. Robos de motos, arrebatos en la vía pública, sustracción de camionetas y otros delitos se han vuelto parte del día a día. La ciudadanía ha dejado de vivir en paz, y el Estado provincial no garantiza el derecho constitucional que prometió proteger.
La contradicción entre el texto constitucional y la práctica política y social en Formosa pone en evidencia una crisis institucional. El gobierno provincial, lejos de ser garante de la paz social, aparece como uno de sus principales vulneradores. En este contexto, la pregunta que se impone es si puede haber democracia sólida cuando el propio Estado incumple las garantías que proclama.