En el marco de las elecciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, vuelve a aparecer un nombre conocido en los pasillos y en los rumores no tan discretos de la Universidad Nacional de Formosa: Marcelo Arias. Hoy se presenta como candidato por la agrupación Lista Unidad, pero no todos han olvidado su pasado reciente.
Cuando integraba el cuerpo docente de la cátedra de Anatomía en la carrera de Enfermería, Arias fue señalado por su participación en un arreglo de mesas de examen, una práctica que no solo va contra la ética académica, sino que socava la confianza de quienes creen en la educación pública como herramienta de transformación.
Este no es un caso aislado. En su misma agrupación política figura Miguel Villamayor, otro nombre vinculado a la polémica. Su caso tomó trascendencia nacional luego de que se conociera que había aprobado más de nueve finales en menos de un mes, un récord que haría sonrojar incluso al más aplicado de los estudiantes. Pero es Arias quien hoy transita los pasillos de la universidad con total impunidad, como si nada hubiera ocurrido, postulándose a cargos de representación institucional y siendo parte activa de una estructura política que parece premiar el silencio, la complicidad y la obediencia, en lugar de la transparencia y el compromiso con la educación de calidad.
Mientras tanto, cientos de estudiantes —de carne y hueso, con trabajos, familias, sueños y responsabilidades— se esfuerzan día a día por cumplir con sus estudios. Pero lo hacen por la vía legal, la del sacrificio y la constancia. Son los mismos que, al no pertenecer a estas estructuras políticas enquistadas en el poder universitario, ven sus avances truncados por injusticias, favoritismos y un sistema que muchas veces premia la militancia servil en lugar del mérito académico. La política universitaria no debería ser un terreno fértil para la corrupción.
Cuando se convierte en un escudo para proteger a personajes con antecedentes cuestionables, deja de ser una herramienta de representación estudiantil para transformarse en una maquinaria que reproduce desigualdad y desilusión. La candidatura de Arias no es solo una postulación, es un síntoma de un problema más profundo: la naturalización de la connivencia entre poder político y corrupción académica. Como comunidad universitaria, no podemos seguir mirando para otro lado. Es momento de preguntarnos si estos son los referentes que queremos en los espacios de decisión. Y más aún, si vamos a permitir que quienes han dañado la integridad institucional sigan teniendo poder sobre el futuro académico de tantos y tantas. La universidad pública merece más. Sus estudiantes también.