Con el inicio del proceso electoral, la concejal María Petu Argañaraz, quien busca su reelección, ha generado polémica al realizar visitas a colegios secundarios con el objetivo de captar el voto de jóvenes y docentes. La estrategia de campaña ha desatado un intenso debate, ya que las actividades políticas en horario escolar han sido cuestionadas por interrumpir el desarrollo normal de las clases.
Lo llamativo del caso es que la propia Argañaraz ha hecho públicas sus visitas a distintos establecimientos educativos, acompañada por militantes que portaban camisetas con la inscripción “Petu Concejal 2025”. Este hecho ha provocado una ola de críticas por parte de padres y usuarios en redes sociales, quienes consideran inapropiado el uso de espacios educativos para actividades proselitistas.
La discusión sobre los límites de la propaganda electoral en ámbitos escolares cobra relevancia en este contexto, donde la participación de jóvenes en la política es alentada, pero el respeto por el entorno educativo es un punto de conflicto. Mientras desde la Dirección de Asuntos Juveniles del gobierno provincial defienden la iniciativa como una forma de acercar la política a los estudiantes, otros la ven como una intromisión que afecta el derecho a la educación.
Este episodio abre el interrogante sobre la regulación de las campañas en espacios educativos y la necesidad de establecer límites claros para evitar que la política interfiera con el desarrollo académico de los jóvenes. ¿Hasta dónde debería permitirse la presencia de candidatos en las escuelas? La respuesta a esta pregunta marcará el tono del debate en las próximas semanas.