La jueza de Garant\u00edas de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, conden\u00f3 a una docente por los delitos de abuso de autoridad y concusi\u00f3n en concurso ideal, un hecho reiterado en concurso real, luego de considerar acreditado que exigi\u00f3 dinero a alumnas a cambio de aprobar materias.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n N\u00ba 85\/26 corresponde al Legajo Judicial 23226\/26 y sus fundamentos fueron suscriptos el 7 de agosto de 2026, luego de la audiencia celebrada el 5 de agosto en la Oficina Judicial de Mercedes, correspondiente a la III Circunscripci\u00f3n Judicial. En la audiencia participaron la magistrada; el fiscal del caso, doctor Adri\u00e1n Aurelio Casarrubia; y la imputada asistida por el defensor oficial Edgardo Gustavo Grinberg.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia homolog\u00f3 el acuerdo de juicio abreviado pleno alcanzado entre las partes y conden\u00f3 a una docente a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento en suspenso, tres a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n para ejercer el cargo que detenta y una multa de $360.000, equivalente al doble del monto de la exacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los hechos<\/p>\n\n\n\n
El primero de los hechos se produjo entre junio y los primeros d\u00edas de julio de 2025, cuando la docente se desempe\u00f1aba como profesora interina del turno noche en la Escuela N\u00ba 563 Domingo Faustino Sarmiento de Colonia Carlos Pellegrini.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan tuvo por acreditado la sentencia, la docente ofreci\u00f3 a una alumna aprobarle las materias aunque no concurriera a clases a cambio del pago de $100.000. La estudiante entreg\u00f3 inicialmente $30.000 y posteriormente recibi\u00f3 reclamos para completar el monto. El 28 de julio de 2025, de acuerdo con la acusaci\u00f3n, la mujer le envi\u00f3 un mensaje por WhatsApp intim\u00e1ndola a pagar el total del denominado “producto” bajo la advertencia de que, de lo contrario, no aprobar\u00eda el m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n
El segundo hecho involucr\u00f3 a otra estudiante. La Justicia tuvo por probado que la docente le solicit\u00f3 $150.000 bajo el argumento de que, de no efectuar el pago, no aprobar\u00eda su materia. En el marco de esa situaci\u00f3n se realiz\u00f3 una transferencia mediante Mercado Pago el 25 de abril de 2025.<\/p>\n\n\n\n
Entre las evidencias analizadas se incluyeron denuncias, declaraciones testimoniales, audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, un informe de una trabajadora social, documentaci\u00f3n de la instituci\u00f3n educativa y el expediente administrativo iniciado por el Ministerio de Educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Fundamentos<\/p>\n\n\n\n
Al fundamentar su decisi\u00f3n, la doctora Benasayag se\u00f1al\u00f3 que la condena no pod\u00eda sustentarse \u00fanicamente en el reconocimiento efectuado por la acusada en el marco del juicio abreviado, sino que deb\u00eda contar con respaldo probatorio independiente.<\/p>\n\n\n\n
Tras analizar los elementos incorporados al legajo y las explicaciones brindadas durante la audiencia, la magistrada sostuvo: “Las probanzas incorporadas a la investigaci\u00f3n me permiten tener por respaldada la aceptaci\u00f3n de los hechos formulada por la imputada”, y consider\u00f3 acreditados tanto los hechos como su autor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La jueza tambi\u00e9n concluy\u00f3 que la calificaci\u00f3n jur\u00eddica propuesta por el Ministerio P\u00fablico Fiscal y aceptada por la defensa era adecuada. En ese sentido, estableci\u00f3 que los hechos configuraron los delitos de abuso de autoridad y concusi\u00f3n en concurso ideal, reiterados en concurso real.<\/p>\n\n\n\n
“La calificaci\u00f3n legal escogida por la Fiscal\u00eda y aceptada por la defensa resulta aplicable a los hechos imputados, resultando la subsunci\u00f3n jur\u00eddica adecuada y conforme a derecho”, fundament\u00f3 Benasayag. La magistrada agreg\u00f3 que durante el proceso no surgieron circunstancias que permitieran considerar causales de inimputabilidad, justificaci\u00f3n o inculpabilidad.<\/p>\n\n\n\n
La valoraci\u00f3n de la prueba y la pena<\/p>\n\n\n\n
La jueza consider\u00f3 suficiente el conjunto de pruebas reunido y se\u00f1al\u00f3 que la pena acordada se encontraba dentro de la escala penal prevista para los delitos atribuidos.<\/p>\n\n\n\n
En sus fundamentos explic\u00f3 que “la pena acordada se bas\u00f3 en la prueba incorporada legalmente al legajo” y que para su an\u00e1lisis se aplicaron las reglas de la sana cr\u00edtica. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que fueron evaluadas circunstancias atenuantes y agravantes y que ese an\u00e1lisis no result\u00f3 arbitrario ni ajeno a las constancias de la causa.<\/p>\n\n\n\n
La condenada deber\u00e1 cumplir durante tres a\u00f1os una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar residencia y n\u00famero de contacto; abstenerse de realizar actos de perturbaci\u00f3n, intimidaci\u00f3n, violencia u hostigamiento hacia las personas establecidas en la sentencia y respetar una restricci\u00f3n de acercamiento de 100 metros; no cometer nuevos delitos; no ejercer su funci\u00f3n docente en Colonia Carlos Pellegrini; y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial para controlar el cumplimiento de las medidas.<\/p>\n\n\n\n
Una reparaci\u00f3n de $480.000<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la pena, las partes acordaron una reparaci\u00f3n por los da\u00f1os ocasionados por un total de $480.000, distribuida en $240.000 para cada una de las personas beneficiarias determinadas en la sentencia, a pagar en doce cuotas mensuales de $20.000 para cada una.<\/p>\n\n\n\n
Sobre este punto, Benasayag consider\u00f3 que el monto resultaba “prudencial y adecuado”, debido a que no se limitaba al perjuicio econ\u00f3mico provocado por las sumas entregadas, sino que buscaba tambi\u00e9n contemplar las consecuencias extrapatrimoniales ocasionadas por los hechos.<\/p>\n\n\n\n
“La reparaci\u00f3n acordada constituye una respuesta concreta y razonable frente al da\u00f1o ocasionado”, sostuvo la magistrada al fundamentar este aspecto de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la jueza consider\u00f3 cumplidos los requisitos previstos por el C\u00f3digo Procesal Penal para homologar el acuerdo de juicio abreviado pleno y dictar la correspondiente sentencia condenatoria. Una vez firme la resoluci\u00f3n, deber\u00e1 formarse el legajo de ejecuci\u00f3n y efectuarse las comunicaciones correspondientes a la Polic\u00eda de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los dem\u00e1s organismos estatales que correspondan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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