En una nota de opini\u00f3n afirm\u00f3: \u201cEl que las hace, las paga\u201d es una frase que forma parte del sentido com\u00fan de cualquier sociedad que pretende vivir en orden y con justicia. Ese principio b\u00e1sico de responsabilidad tambi\u00e9n debe regir cuando los delitos son cometidos por adolescentes. Precisamente por eso el Congreso de la Naci\u00f3n sancion\u00f3 recientemente un nuevo r\u00e9gimen penal juvenil: para corregir las falencias de un sistema que, tal como funciona hoy, no logra ni responsabilizar eficazmente a quienes delinquen ni favorecer su reinserci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
El diagn\u00f3stico que motiv\u00f3 la reforma es claro. El sistema penal juvenil actual ha demostrado ser ineficaz tanto para la seguridad como para la reinserci\u00f3n de los adolescentes que cometen delitos. Procesos judiciales excesivamente largos, j\u00f3venes que pasan a\u00f1os en prisi\u00f3n preventiva sin condena y una intervenci\u00f3n estatal tard\u00eda y burocr\u00e1tica han contribuido a que el sistema no logre ni reducir la reincidencia ni reencauzar las trayectorias de muchos j\u00f3venes en conflicto con la ley penal.<\/p>\n\n\n\n
Este problema no es abstracto. En la provincia de Misiones, los datos disponibles muestran una situaci\u00f3n preocupante: la gran mayor\u00eda de los j\u00f3venes privados de libertad se encuentra en prisi\u00f3n preventiva, es decir, sin condena firme. En la Unidad Penal IV, destinada al alojamiento de j\u00f3venes en conflicto con la ley penal, de las 32 personas alojadas 27 se encuentran imputadas sin condena, mientras que solo una minor\u00eda cuenta con sentencia firme.<\/p>\n\n\n\n
El dato revela una de las debilidades estructurales del sistema: los procesos judiciales tardan demasiado tiempo en resolverse. Como consecuencia, muchos j\u00f3venes ingresan al sistema siendo menores de edad y pasan largos per\u00edodos privados de libertad mientras el proceso judicial se desarrolla. De hecho, la edad predominante de los alojados ronda los 19 a\u00f1os, lo que demuestra que varios de ellos ingresaron cuando a\u00fan eran adolescentes y permanecieron detenidos durante gran parte del proceso.<\/p>\n\n\n\n
Esta situaci\u00f3n produce efectos profundamente negativos. Por un lado, debilita la legitimidad del sistema de justicia. Por otro, reduce significativamente las posibilidades de reinserci\u00f3n social, porque la privaci\u00f3n prolongada de libertad durante la adolescencia suele profundizar procesos de exclusi\u00f3n y estigmatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Frente a esta realidad, el debate p\u00fablico suele plantearse en t\u00e9rminos equivocados. A veces se afirma que cualquier reforma del sistema penal juvenil responde a una visi\u00f3n \u201cgarantista\u201d que intenta justificar el delito o presentar al victimario como v\u00edctima. Nada m\u00e1s lejos de la realidad.<\/p>\n\n\n\n
Una reforma seria del sistema penal juvenil parte de una premisa muy clara: el adolescente que comete un delito debe asumir responsabilidad por sus actos. El problema no es si el Estado debe intervenir, sino c\u00f3mo debe intervenir para que esa respuesta sea realmente eficaz.<\/p>\n\n\n\n
Un sistema que mantiene a j\u00f3venes durante largos per\u00edodos en prisi\u00f3n preventiva, que toma decisiones exclusivamente a partir de expedientes escritos y en el que los jueces muchas veces no tienen contacto personal con los adolescentes sometidos a proceso dif\u00edcilmente pueda cumplir su funci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por eso resulta necesario modernizar el procedimiento judicial. Una de las transformaciones centrales consiste en introducir la oralidad en el proceso penal juvenil. Esto significa que las decisiones judiciales relevantes se adopten en audiencias, con la presencia del adolescente, su defensa y el fiscal. La oralidad no es una cuesti\u00f3n meramente formal: permite mayor transparencia, mayor rapidez en las decisiones y una participaci\u00f3n real del adolescente en el proceso.<\/p>\n\n\n\n
Junto con ello, resulta fundamental reforzar el principio de inmediaci\u00f3n judicial. El juez no puede ser una figura distante que decide \u00fanicamente a partir de informes escritos. Debe tener contacto directo y peri\u00f3dico con el adolescente imputado, escuchar su situaci\u00f3n, evaluar su evoluci\u00f3n y supervisar personalmente las medidas que se adopten.<\/p>\n\n\n\n
En esa l\u00ednea, la propuesta tambi\u00e9n establece audiencias peri\u00f3dicas de seguimiento, de modo que el juez pueda revisar regularmente la situaci\u00f3n del joven y evaluar si las medidas impuestas est\u00e1n cumpliendo su finalidad.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto central de la reforma es la necesidad de limitar pr\u00e1cticas que hist\u00f3ricamente han demostrado ser ineficaces, como el alojamiento de adolescentes en comisar\u00edas o la detenci\u00f3n por averiguaci\u00f3n de antecedentes. Estas pr\u00e1cticas no s\u00f3lo vulneran derechos fundamentales, sino que adem\u00e1s suelen agravar los problemas que se pretende resolver.<\/p>\n\n\n\n
La reforma tambi\u00e9n propone priorizar medidas socioeducativas antes que la privaci\u00f3n de libertad, reservando esta \u00faltima \u00fanicamente para los casos m\u00e1s graves. La evidencia internacional es contundente: el encarcelamiento temprano y prolongado suele aumentar la reincidencia, mientras que los programas de supervisi\u00f3n, educaci\u00f3n y reparaci\u00f3n del da\u00f1o ofrecen mejores resultados en t\u00e9rminos de reintegraci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, el desaf\u00edo no es decidir si la justicia penal juvenil debe ser \u201cdura\u201d o \u201cblanda\u201d. El verdadero desaf\u00edo es construir un sistema serio, responsable y eficaz, capaz de responsabilizar al adolescente por sus actos y al mismo tiempo evitar que el contacto con el sistema penal consolide trayectorias delictivas.<\/p>\n\n\n\n
La reforma impulsada a nivel nacional busca precisamente abrir ese camino. Ahora corresponde a las provincias adaptar sus procedimientos judiciales para que esa transformaci\u00f3n sea real y efectiva.<\/p>\n\n\n\n
Una justicia que interviene a tiempo, que escucha, que controla y que act\u00faa con mayor rapidez no s\u00f3lo protege mejor los derechos de los j\u00f3venes. Tambi\u00e9n contribuye a algo que preocupa leg\u00edtimamente a toda la sociedad: reducir la reincidencia y mejorar la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
(Misiones Cuatro).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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