La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal rechaz\u00f3 un recurso de la querella, que denunciaba una maniobra de financiamiento ileg\u00edtimo, y ratific\u00f3 que las transferencias fueron legales<\/p>\n\n\n\n
La Sala III de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 este jueves el archivo de una causa contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfr\u00e1n, por el presunto desv\u00edo de fondos p\u00fablicos para financiar al Partido Justicialista (PJ) local. Lo hizo al rechazar un recurso de la querella que buscaba reabrir la investigaci\u00f3n. En su resoluci\u00f3n, los jueces concluyeron que las transferencias millonarias desde cuentas de la provincia se ajustaron a las normas que regulan los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
El caso analizado se centr\u00f3 en movimientos bancarios realizados entre el 2 y el 7 de octubre de 2024. En ese lapso, se enviaron montos superiores a los $1.660.000.000 hacia una cuenta del PJ en el Banco de la Naci\u00f3n Argentina. El dinero sali\u00f3 de una cuenta que el gobierno formose\u00f1o tiene en el Banco de Formosa SA. Para la Justicia, esta operaci\u00f3n tuvo una trazabilidad clara y se bas\u00f3 en descuentos aplicados a los sueldos de funcionarios jer\u00e1rquicos afiliados al partido.<\/p>\n\n\n\n
La causa tuvo su origen en el Juzgado Federal N\u00ba 8, a cargo de Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi, con la intervenci\u00f3n del fiscal federal Eduardo Taiano. El juez de instrucci\u00f3n hab\u00eda dispuesto el archivo de las actuaciones el 7 de julio de 2025. En aquel momento, la investigaci\u00f3n determin\u00f3 que los fondos no eran recursos p\u00fablicos desviados, sino aportes de los propios empleados con cargos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
Los argumentos del fallo
Para confirmar el cierre del expediente, los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky analizaron el entramado normativo que regula el financiamiento partidario en la provincia. Seg\u00fan los fundamentos del fallo, la licitud de estas transferencias se apoya en la Ley Org\u00e1nica de los Partidos Pol\u00edticos, la Ley de Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos y la normativa provincial de Formosa.<\/p>\n\n\n\n
Los magistrados destacaron que la propia carta org\u00e1nica del Partido Justicialista del Distrito Formosa establece que su patrimonio se integra con el 10% de las retribuciones de los candidatos electos y de quienes desempe\u00f1an funciones pol\u00edticas en el Estado. Asimismo, recordaron la vigencia de un convenio firmado en septiembre de 2007 entre el Ministerio de Econom\u00eda provincial y el PJ, que autoriza formalmente a realizar estas retenciones mensuales y transferirlas a la cuenta partidaria.<\/p>\n\n\n\n
En su voto, el juez Mahiques subray\u00f3 que la operatoria estuvo “debidamente documentada y bancarizada” , contando adem\u00e1s con el control de la Justicia Federal con competencia electoral y del cuerpo de auditores de la C\u00e1mara Nacional Electoral. Para la mayor\u00eda del tribunal, no resulta procedente discutir por esta v\u00eda judicial la conveniencia de las normas que avalan estas deducciones salariales.<\/p>\n\n\n\n
La controversia por la cantidad de funcionarios
Uno de los puntos centrales del reclamo de la querella, representada por el abogado David Gamarra, fue la supuesta existencia de una maniobra basada en datos falsos. La parte acusadora sostuvo que el Ministerio de Econom\u00eda provincial inform\u00f3 descuentos vinculados a 90 funcionarios jer\u00e1rquicos, mientras que un organigrama oficial obtenido de la web institucional mencionaba solamente a 38 autoridades de ese rango.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el tribunal desestim\u00f3 este argumento. El juez Mahiques explic\u00f3 que el organigrama aportado por la querella solo detalla a los responsables de subsecretar\u00edas y direcciones, pero no excluye que existan otros funcionarios jer\u00e1rquicos de diversos rangos cuyos nombres no se publiquen en la plataforma. Adem\u00e1s, el fallo menciona resoluciones internas que establecen tres escalas jer\u00e1rquicas distintas para estos aportes.<\/p>\n\n\n\n
El recorrido judicial y los votos en disidencia
Antes de llegar a la m\u00e1xima instancia penal, la Sala I de la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a ya hab\u00eda confirmado el archivo con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. En aquella instancia intermedia, el juez Mariano Llorens hab\u00eda votado en minor\u00eda, sugiriendo que la investigaci\u00f3n era “prematura” y que deb\u00eda verificarse si todos los empleados hab\u00edan prestado su consentimiento para las quitas.<\/p>\n\n\n\n
En la resoluci\u00f3n actual, tambi\u00e9n hubo una voz disidente. El juez Juan Carlos Gemignani consider\u00f3 que el recurso era admisible y que se deb\u00eda fijar una audiencia para profundizar en el an\u00e1lisis del asunto antes de cerrar definitivamente la causa. No obstante, la postura mayoritaria de Mahiques y Borinsky prevaleci\u00f3, sellando el archivo de las actuaciones.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el tribunal tuvo por presentada la reserva del caso federal realizada por la querella, lo que habilita la posibilidad de que el conflicto sea llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
(Infobae).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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