Una nueva amenaza de paro por parte de la Uni\u00f3n Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Corrientes volvi\u00f3 a sembrar incertidumbre entre miles de usuarios del transporte urbano de esta Capital, que una vez m\u00e1s quedaron al borde de quedarse sin colectivos en plena semana laboral. El conflicto, que finalmente se destrab\u00f3 tras el dep\u00f3sito de $ 70.000 adeudados a los choferes de las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo, dej\u00f3 al descubierto una modalidad reiterada: la presi\u00f3n sindical aun cuando rige una conciliaci\u00f3n obligatoria que proh\u00edbe expresamente medidas de fuerza.<\/p>\n\n\n\n
El secretario general del sindicato, Jos\u00e9 Luis Sabao, hab\u00eda advertido que si el dinero no se acreditaba en las cuentas de los trabajadores, desde la medianoche de hoy se iniciar\u00eda una retenci\u00f3n de servicios. La advertencia gener\u00f3 alarma inmediata en la poblaci\u00f3n, que depende del colectivo para asistir a sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales y otras actividades esenciales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el planteo del sindicato se produjo en el marco de una conciliaci\u00f3n obligatoria dictada a principios de enero por la Secretar\u00eda de Trabajo de la Provincia, que impone a las partes abstenerse de adoptar medidas de fuerza mientras se desarrollan las negociaciones. El plazo vigente se extiende hasta marzo, cuando est\u00e1 previsto retomar formalmente el di\u00e1logo salarial. En ese contexto, la sola amenaza de paralizaci\u00f3n fue interpretada por distintos sectores como una presi\u00f3n indebida que contradice el esp\u00edritu del instrumento legal vigente.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto puntual se origin\u00f3 por el incumplimiento de un acta acuerdo que fij\u00f3 el salario b\u00e1sico en $ 1.370.000. Seg\u00fan lo pactado, las empresas deb\u00edan abonar $ 1.300.000 al cuarto d\u00eda h\u00e1bil y completar los $ 70.000 restantes el 20 de febrero. Ante la falta de ese \u00faltimo dep\u00f3sito -que las empresas atribuyeron a demoras en el env\u00edo de subsidios provinciales- el sindicato activ\u00f3 el estado de alerta y anticip\u00f3 una medida de fuerza.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, tras la advertencia p\u00fablica, el dinero fue acreditado en las cuentas de los trabajadores de Ersa y San Lorenzo, mientras se aguardaba que el Grupo Miramar completara el pago en las horas siguientes. “Ma\u00f1ana habr\u00e1 servicios normales”, confirm\u00f3 Sabao, desactivando el paro que ya estaba en agenda.<\/p>\n\n\n\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de la resoluci\u00f3n coyuntural, el episodio volvi\u00f3 a exponer la fragilidad del sistema y la reiteraci\u00f3n de conflictos que terminan afectando siempre al mismo eslab\u00f3n: el usuario. En una ciudad donde el boleto cuesta $ 1.890 -uno de los valores m\u00e1s altos entre las capitales provinciales del pa\u00eds- los pasajeros reclaman previsibilidad y cumplimiento, tanto de las empresas como del gremio.<\/p>\n\n\n\n
El malestar no solo se vincula con la discusi\u00f3n salarial, leg\u00edtima en cualquier \u00e1mbito laboral, sino con la metodolog\u00eda adoptada. Bajo conciliaci\u00f3n obligatoria, la ley exige que las partes suspendan medidas de acci\u00f3n directa y prioricen la negociaci\u00f3n. La amenaza de retenci\u00f3n, aun si luego se levanta, tensiona ese marco y coloca a la ciudadan\u00eda en una situaci\u00f3n de reh\u00e9n involuntario de disputas internas.<\/p>\n\n\n\n
Desde el Municipio ya hab\u00edan anticipado que se aplicar\u00edan multas a las empresas que incumplieran el servicio. El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamand\u00fa Barrios, record\u00f3 que m\u00e1s all\u00e1 de las explicaciones econ\u00f3micas, existe un contrato de concesi\u00f3n que debe respetarse. Sin embargo, en el esquema actual, las sanciones rara vez logran neutralizar el impacto inmediato que sufre la poblaci\u00f3n cuando los colectivos dejan de circular.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n salarial de fondo no es menor. El gremio sostiene que la escala acordada fija un b\u00e1sico de $ 1.370.000 y denuncia que en algunos casos se abonaron sumas inferiores. Tambi\u00e9n reclama una actualizaci\u00f3n de vi\u00e1ticos, que deber\u00edan ubicarse en $ 13.000 por jornada trabajada frente a los $ 8.000 actuales. Las empresas, por su parte, argumentan dificultades financieras derivadas de la falta de subsidios.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el punto cr\u00edtico es el modo en que se canaliza el reclamo. Con una conciliaci\u00f3n vigente hasta marzo, la amenaza de paralizaci\u00f3n aparece como una herramienta de presi\u00f3n que desoye el marco institucional acordado. En una ciudad que ya atraves\u00f3 m\u00faltiples interrupciones del servicio en los \u00faltimos meses, la paciencia social comienza a agotarse.<\/p>\n\n\n\n
El transporte urbano es un servicio esencial. No se trata solo de una negociaci\u00f3n entre privados: impacta de manera directa en la vida cotidiana, en la econom\u00eda familiar y en el funcionamiento general de la ciudad. Cada anuncio de paro altera rutinas, genera p\u00e9rdidas y profundiza el malestar.<\/p>\n\n\n\n
(Diario Norte).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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