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Escándalo en la Policía de Iguazú: detuvieron a dos efectivos este miércoles por una causa por extorsión

Dos suboficiales de la Policía de Misiones fueron detenidos este miércoles en Puerto Iguazú y apartados de la fuerza, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades que habrían ocurrido en la sección de Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que había permanecido detenido en ese sector y que manifestó haber sufrido malos tratos, además de señalar una serie de presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento interno del lugar.

A raíz de la denuncia, la Jefatura de Policía dispuso una investigación interna a través de la Dirección de Asuntos Internos, que llevó adelante distintas diligencias para determinar qué había ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

Allanamientos y detenciones

Los elementos reunidos durante la investigación fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. En paralelo, se iniciaron actuaciones administrativas dentro de la institución.

A partir de las evidencias incorporadas a la causa, la Justicia ordenó allanamientos, secuestros y detenciones para investigar presuntos hechos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.

Las medidas se concretaron alrededor de las 7 de este miércoles 2 de septiembre.

En ese marco fueron detenidos el sargento Rafael A., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda, y el agente Rodrigo A., perteneciente al Comando Radioeléctrico de Iguazú.

Además, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos efectivos, que serán incorporados a la causa para las pericias correspondientes.

Los dos policías quedaron alojados y a disposición del magistrado interviniente. Por disposición de la Jefatura, también fueron inmediatamente apartados de la institución.

Mientras avanza la investigación judicial, continúan las actuaciones administrativas para determinar el alcance de los hechos y establecer si existen otras responsabilidades.

Desde la fuerza remarcaron que la intervención responde a la política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley, incluso cuando las sospechas involucren a integrantes de la propia institución.

(Misiones Cuatro).