Una nueva amenaza de paro por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Corrientes volvió a sembrar incertidumbre entre miles de usuarios del transporte urbano de esta Capital, que una vez más quedaron al borde de quedarse sin colectivos en plena semana laboral. El conflicto, que finalmente se destrabó tras el depósito de $ 70.000 adeudados a los choferes de las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo, dejó al descubierto una modalidad reiterada: la presión sindical aun cuando rige una conciliación obligatoria que prohíbe expresamente medidas de fuerza.
El secretario general del sindicato, José Luis Sabao, había advertido que si el dinero no se acreditaba en las cuentas de los trabajadores, desde la medianoche de hoy se iniciaría una retención de servicios. La advertencia generó alarma inmediata en la población, que depende del colectivo para asistir a sus lugares de trabajo, escuelas, hospitales y otras actividades esenciales.
Sin embargo, el planteo del sindicato se produjo en el marco de una conciliación obligatoria dictada a principios de enero por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que impone a las partes abstenerse de adoptar medidas de fuerza mientras se desarrollan las negociaciones. El plazo vigente se extiende hasta marzo, cuando está previsto retomar formalmente el diálogo salarial. En ese contexto, la sola amenaza de paralización fue interpretada por distintos sectores como una presión indebida que contradice el espíritu del instrumento legal vigente.
El conflicto puntual se originó por el incumplimiento de un acta acuerdo que fijó el salario básico en $ 1.370.000. Según lo pactado, las empresas debían abonar $ 1.300.000 al cuarto día hábil y completar los $ 70.000 restantes el 20 de febrero. Ante la falta de ese último depósito -que las empresas atribuyeron a demoras en el envío de subsidios provinciales- el sindicato activó el estado de alerta y anticipó una medida de fuerza.
Finalmente, tras la advertencia pública, el dinero fue acreditado en las cuentas de los trabajadores de Ersa y San Lorenzo, mientras se aguardaba que el Grupo Miramar completara el pago en las horas siguientes. “Mañana habrá servicios normales”, confirmó Sabao, desactivando el paro que ya estaba en agenda.
Pero más allá de la resolución coyuntural, el episodio volvió a exponer la fragilidad del sistema y la reiteración de conflictos que terminan afectando siempre al mismo eslabón: el usuario. En una ciudad donde el boleto cuesta $ 1.890 -uno de los valores más altos entre las capitales provinciales del país- los pasajeros reclaman previsibilidad y cumplimiento, tanto de las empresas como del gremio.
El malestar no solo se vincula con la discusión salarial, legítima en cualquier ámbito laboral, sino con la metodología adoptada. Bajo conciliación obligatoria, la ley exige que las partes suspendan medidas de acción directa y prioricen la negociación. La amenaza de retención, aun si luego se levanta, tensiona ese marco y coloca a la ciudadanía en una situación de rehén involuntario de disputas internas.
Desde el Municipio ya habían anticipado que se aplicarían multas a las empresas que incumplieran el servicio. El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, recordó que más allá de las explicaciones económicas, existe un contrato de concesión que debe respetarse. Sin embargo, en el esquema actual, las sanciones rara vez logran neutralizar el impacto inmediato que sufre la población cuando los colectivos dejan de circular.
La discusión salarial de fondo no es menor. El gremio sostiene que la escala acordada fija un básico de $ 1.370.000 y denuncia que en algunos casos se abonaron sumas inferiores. También reclama una actualización de viáticos, que deberían ubicarse en $ 13.000 por jornada trabajada frente a los $ 8.000 actuales. Las empresas, por su parte, argumentan dificultades financieras derivadas de la falta de subsidios.
No obstante, el punto crítico es el modo en que se canaliza el reclamo. Con una conciliación vigente hasta marzo, la amenaza de paralización aparece como una herramienta de presión que desoye el marco institucional acordado. En una ciudad que ya atravesó múltiples interrupciones del servicio en los últimos meses, la paciencia social comienza a agotarse.
El transporte urbano es un servicio esencial. No se trata solo de una negociación entre privados: impacta de manera directa en la vida cotidiana, en la economía familiar y en el funcionamiento general de la ciudad. Cada anuncio de paro altera rutinas, genera pérdidas y profundiza el malestar.
(Diario Norte).