Durante 2025, las fuerzas de seguridad argentinas secuestraron siete avionetas vinculadas al narcotráfico: cuatro transportaban 1.739 kilos de cocaína y otras tres fueron incautadas con evidencia de haber participado en operaciones de tráfico de drogas, aunque sin cargamento al momento de la detección. Se sospecha de más aeronaves que fueron encontradas en zonas rurales.
El caso más resonante ocurrió el 11 de noviembre cerca de en Pergamino, provincia de Buenos Aires, cuando Gendarmería interceptó una avioneta que había aterrizado en un campo con 956 kilos de cocaína valuados en más de 4.000.000 dólares. En una de las dos camionetas que esperaban la carga estaba Brian Walter Bilbao, uno de los narcos más buscados del país, prófugo desde el operativo “Cosecha Blanca” de noviembre de 2023 que desbarató su organización en Rosario.
Bilbao, empresario que incursionó en varios negocios, entre ellos, el de espectáculos, operaba desde el country Tierra de Sueños 3 en Roldán, donde vivía con su familia. La logística narco la manejaba con una estructura con tres avionetas propias, un hangar en el country Campo Timbó, de Oliveros, y personal calificado, entre ellos, pilotos y mecánicos colombianos.
Su captura llegó después de que cayeran su mano derecha Pablo Javier Raynaud en julio pasado —detenido mientras comía una hamburguesa en un shopping del barrio de Núñez, en CABA— y su hermano Waldo en septiembre, que fue aprehendido en un departamento céntrico de Rosario con un escondite construido dentro un ducto del edificio.
Simultáneamente al operativo en Pergamino, otra avioneta se estrelló en Arequito, Santa Fe, con 60 kilos de cocaína. Los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) manejan como hipótesis que ambos vuelos estaban coordinados por la misma organización.
Las investigaciones judiciales revelan que la ruta aérea del narcotráfico funciona como un triángulo logístico que conecta tres países. En la zona de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y el departamento del Beni, en Bolivia, se produce la pasta base y la cocaína en laboratorios precarios que se desmantelan cada dos meses para evitar detecciones.
Desde allí, las avionetas —en su mayoría Cessna 206 y 210— despegan con cargamentos de entre 300 y 400 kilos hacia el Chaco paraguayo, una región inhóspita y poco habitada donde aterrizan en pistas clandestinas. Paraguay funciona como nodo de consolidación: allí se concentran los cargamentos antes del siguiente paso: los puertos.
El tercer vértice del triángulo es Argentina. Las aeronaves ingresan por el norte —Salta, Santiago del Estero, Chaco— pero su destino no es esa región sino la zona central del país: campos rurales cercanos a Rosario, Pergamino o el sur de Santa Fe. El objetivo final son los puertos del Paraná, desde donde la cocaína sale hacia Europa, donde el kilo se vende a 30.000 euros, diez veces su valor en origen.
“Los vuelos también se realizan en el límite entre Argentina y Uruguay, sobrevolando las inmediaciones del río que marca la frontera entre ambos países”, explicaron desde Procunar. “La sospecha es que en esa zona es más difícil una intervención aérea cuando las aeronaves vuelan por momentos en cielo argentino y por otros en el uruguayo.”
Esta ruta se consolidó especialmente a partir de la pandemia, según los investigadores consultados. Antes, el “bombardeo de droga” —lanzamiento de cocaína en bolsas— se concentraba en el norte argentino, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. Ahora las avionetas llegan hasta 1.500 kilómetros al interior del país.
Detrás de varias narcoavionetas interceptadas en Argentina aparece el nombre del clan boliviano Lima Lobo, una organización familiar que opera desde los años 90 en el departamento del Beni.
El capo es Adhemar Lima Lobo Rivarola, quien desde su base en San Joaquín controla el tráfico de cocaína en la Amazonía boliviana mediante una flota propia de avionetas, pistas clandestinas y rutas terrestres y fluviales. Sus hijos —Jesús Einar, Edwin Douglas, Óscar Eduardo, Edward y Carmen Eris Lima Lobo— conforman la segunda generación de la organización. La mayoría son pilotos civiles.
La conexión
La conexión del clan con los grandes carteles se remonta a 1992, cuando Célimo Andrade Quintero, emisario del cartel de Cali, se asoció con Adhemar Lima Lobo para establecer laboratorios de cocaína en zonas fronterizas. Andrade se casó con Carmen Eris Lima Lobo. Tras su captura, las autoridades bolivianas sostienen que el clan heredó toda su red de narcotráfico, que incluía vínculos con el mítico Pablo Escobar.
Hoy el clan mantiene nexos directos con el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, al que provee cocaína desde los años 90. Jesús Einar Lima Lobo fue extraditado a Brasil en mayo de 2021 y cumple una condena de 14 años en la cárcel federal de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, por introducir 300 kilos de cocaína. Su hermano Edwin Douglas fue capturado en 2020 y sentenciado a 15 años.
La tercera generación también está involucrada. Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de Carmen Eris, fue capturado en Brasil en 2017 con 480 kilos de cocaína. Misael Nallar Viveros, yerno de Jesús Einar, quedó al mando del clan pero fue detenido en Bolivia en 2022 por el asesinato de tres policías.
Carmen Eris Lima Lobo, pese a sus antecedentes en narcotráfico, es desde 2019 la alcaldesa de San Joaquín por el MAS (Movimiento al Socialismo). Se sospecha que el clan mantiene influencia en el municipio mediante “dádivas” a la población local. En diciembre de 2021, un video en TikTok mostró una avioneta lanzando dinero sobre San Joaquín. Los habitantes dijeron que era “tradición”.
La avioneta que se estrelló en julio de 2023 en Avia Terai, Chaco, con 324 kilos de cocaína, fue atribuida al clan Lima Lobo. La aeronave, una Cessna 210 con matrícula boliviana CP-3123, había despegado del aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz y pasó por Paraguay antes del accidente en Argentina. Los tripulantes escaparon y nunca fueron capturados. La causa judicial permanece abierta en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña sin avances significativos desde mediados de 2023.
Otro nombre recurrente en las investigaciones es el de Jorge Adalid Granier Ruiz, un narcotraficante boliviano condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. Está preso en el penal de Ezeiza.
En enero de 2025, cuando una Cessna 210 hizo un aterrizaje forzoso en Ibicuy, Entre Ríos, con 359 kilos de cocaína, entre los detenidos estaba Jade Isabel Calláu Barriga, ex reina de belleza boliviana que resultó ser sobrina política de Granier. El piloto era el brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao. La avioneta tenía su matrícula adulterada: sobre la real (LV-GQA) habían pegado una calcomanía con la argentina LV-GOP, y por debajo se advertía pintada la boliviana CP-3806.
Los peritajes sobre teléfonos y equipos satelitales revelaron que Calláu Barriga era hija de un jefe narco boliviano y mantenía vínculos con una organización transnacional con presencia en cuatro países sudamericanos.
La investigación llevó a seis allanamientos en junio de 2025, incluido uno en el local bailable “Rumba Latina” de Flores, Buenos Aires, donde se encontró un simulador de vuelo completo —tablero, palancas, pedales, partes de avioneta— donde se sospecha que entrenaban pilotos. También incautaron 600.000 dólares, un lingote de oro de un kilo, cinco kilos de cocaína, 3.500 municiones y documentación de múltiples avionetas.
En septiembre, cinco personas más fueron detenidas en CABA y General Rodríguez. En un galpón de esta última localidad, bajo tierra, descubrieron un búnker con 22 paquetes de cocaína. En total decomisaron 49 kilos adicionales.
Granier fue condenado en enero de 2025 a 10 años de prisión en Salta por el transporte de 389 kilos de cocaína incautados en 2020 en Ramallo. Pese a estar preso, su nombre sigue apareciendo “como una sombra” en cada avioneta secuestrada, según fiscales de Procunar, porque era uno de los que manejaba la logística aérea en la zona.
El exministro de Defensa, Luis Petri, calificó la interceptación de la avioneta con 475 kilos de cocaína en octubre de 2024 cerca de Rosario como “el operativo más importante y exitoso que registra la Argentina”. La Fuerza Aérea detectó el vuelo con un radar en Tostado, Santa Fe, y dos aviones Tucano lo siguieron durante más de dos horas hasta obligarlo a descender.
Fallas en el sistema de control aéreo
Sin embargo, la realidad muestra profundas falencias en el sistema de control aéreo. Según especialistas en aviación citados en la Legislatura de Salta en noviembre de 2025, para que una avioneta sea detectada por sufrir un desperfecto o siniestro, tienen que pasar diez veces esa cifra sin ser interceptadas. “Imagínese la cantidad de avionetas que han pasado”, dijo el diputado provincial Gustavo Orozco, ex jefe de la brigada de investigaciones de Rosario de la Frontera.
En tres casos de 2025, las avionetas fueron detectadas no por los sistemas de radar sino porque los perros antinarcóticos marcaron “olor muerto” de cocaína en aeronaves encontradas abandonadas. En marzo en Entre Ríos, en junio en Santa Fe y en noviembre nuevamente en Santa Fe, se incautaron avionetas sin cocaína pero con rastros evidentes de haberla transportado.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó en noviembre un pedido al gobierno nacional para reforzar la protección del espacio aéreo ante “el ingreso masivo de avionetas vinculadas al narcotráfico desde Bolivia”. La iniciativa solicita al presidente Javier Milei y al Congreso la sanción de una ley que habilite protocolos claros, entre ellos la posibilidad de derribo en casos extremos, como ya ocurre en otros países de la región.
El problema no es nuevo. En 2016, Bolivia firmó un contrato de 191 millones de euros con la empresa francesa Thales Air Systems para adquirir 13 radares de defensa y control aéreo. En diciembre de 2022, el entonces ministro de Defensa boliviano aseguró que los radares estaban funcionando. Sin embargo, en 2022 Bolivia confiscó 95 avionetas conectadas con el narcotráfico —récord histórico—, y varias más fueron encontradas en Paraguay y Argentina sin que los radares las detectaran.
Según un informe de InSight Crime, la falta de cooperación institucional y legislación adecuada puso en riesgo el uso de esa costosa tecnología para combatir el crimen organizado. Para usar los radares, deben hacerse enmiendas a la legislación aeroespacial boliviana para que la policía quede facultada a coordinar con la fuerza aérea la vigilancia de vuelos clandestinos.
Con herramientas satelitales, entre 2018 y 2023 la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia geolocalizó más de 440 pistas aéreas ilegales solo en los departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Muchas fueron inutilizadas con explosivos en operativos mediáticos, pero según el diario boliviano El Deber, hoy el país tiene al menos 270 pistas clandestinas activas bajo “un cielo convertido en un corredor aéreo de cocaína”.
El negocio se nutre también del descontrol en la provisión de combustible aeronáutico. En aeropuertos bolivianos se despachan entre 500.000 y 600.000 litros de av-gas cada mes sin un adecuado sistema de trazabilidad. Ese combustible alimenta tanto a vuelos civiles como a las narcoavionetas que cruzan la frontera argentina.
Cruces de registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia con expedientes de juzgados federales argentinos muestran que siete de cada diez narcoavionetas accidentadas o incautadas en el norte argentino en los últimos 15 años tenían matrículas bolivianas.
El 6 de julio de 2015, en un solo procedimiento, fuerzas de seguridad de Paraguay incautaron diez avionetas utilizadas para traficar drogas hacia el litoral argentino. Todas habían sido importadas desde La Florida, Estados Unidos, como material aéreo en desuso y habilitadas irregularmente en Asunción con documentación fraguada y complicidad de funcionarios públicos.
Los investigadores judiciales y especialistas en crimen organizado consultados en Argentina confirmaron cambios significativos en la logística del narcotráfico aéreo en los últimos años. Desde la pandemia se intensificó el uso de la ruta que incluye a Paraguay como eslabón intermedio entre Bolivia y Argentina.
“Los vuelos narco provenientes de Bolivia y de Paraguay llegan cada vez más cerca del centro del país. Eso es algo que antes no ocurría”, señalaron fuentes judiciales. El objetivo no es el consumo interno argentino sino posicionar la droga cerca de los puertos para su exportación a Europa y Asia, donde el valor se multiplica por diez.
El uso de países de tránsito como Paraguay responde a la necesidad de fragmentar el transporte y evadir controles más estrictos en las zonas de producción, dificultando el rastreo de origen a destino. Las avionetas aterrizan en pistas clandestinas del Chaco paraguayo donde se consolidan cargamentos antes de cruzar a Argentina.
En 2022, la operación Hinterland de la policía brasileña desmanteló una red que movía 17 toneladas de cocaína desde Latinoamérica a Europa. La cocaína de Bolivia era llevada a Paraguay, introducida a Brasil en camiones por Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), luego a Rio Grande do Sul y Santa Catarina para despacho marítimo. Las transacciones ilícitas sumaban 760 millones de dólares.
Recién elaborada en Bolivia, la cocaína tiene un precio de 2.000 dólares el kilo, un valor que se mantuvo en la última década. En el límite entre Salta y Bolivia, el precio sube a 2.800 dólares. “Puesta” en el interior argentino —vía aérea o terrestre— el kilo alcanza entre 3.800 y 4.000 dólares.
Al llegar a España en contenedores o veleros, el precio se dispara a 30.000 euros (unos 32.000 dólares). El kilo de cocaína más caro del mundo se vende en Australia: 270.000 dólares.
Las avionetas pueden cargar entre 150 y 400 kilos. El promedio en 2025 fue de 435 kilos por aeronave, superior al de años anteriores. A precio europeo, cada vuelo exitoso mueve entre 4,8 y 13,9 millones de dólares.
(Aire de Santa Fe).