Un informe publicado por LA NACION advierte que el esquema fiscal misionero combina anticipos obligatorios de Ingresos Brutos, retenciones masivas y controles fronterizos internos que funcionan como una “aduana provincial”. Empresas, contadores y especialistas sostienen que los saldos a favor son imposibles de recuperar y que la operatoria desalienta la actividad económica.
Una investigación periodística volvió a colocar a Misiones en el centro del debate impositivo argentino. Según un extenso análisis publicado por el periodista Diego Cabot, la provincia mantiene un régimen tributario que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para empresas de todo el país y para transportistas que necesitan ingresar con mercadería.
El sistema se sostiene, principalmente, en dos mecanismos: pagos a cuenta obligatorios para cada camión que ingresa y retenciones de Ingresos Brutos aplicadas incluso a operaciones que se realizan fuera del territorio misionero. Según especialistas citados en el informe, estos mecanismos generan saldos a favor de magnitud extraordinaria, imposibles de recuperar en plazos razonables.
Uno de los puntos más controvertidos es el anticipo de Ingresos Brutos exigido a todo vehículo que desee entrar a la provincia, independientemente de si la carga está alcanzada o no por el tributo. En caso de no realizar el pago, la mercadería puede ser decomisada y el transportista multado. Cabot señala que este mecanismo opera como una “aduana interior”, figura expresamente prohibida por la Constitución Nacional y que ya fue cuestionada por la Corte Suprema en fallos recientes.
El artículo también describe un segundo engranaje tributario: las retenciones compulsivas entre empresas misioneras, incluso cuando la operación se realiza en otras jurisdicciones del país. Este modelo produce un doble impacto para los contribuyentes: pagan donde corresponde y, adicionalmente, en Misiones, aun sin relación territorial. “Se acumulan saldos que no se podrían usar ni en cien vidas fiscales”, resume el diagnóstico de contadores y estudios especializados.
El sistema se profundiza con un régimen bancario propio, distinto del Sircreb utilizado por la mayoría de las provincias. En Misiones, cada acreditación que recibe una empresa puede sufrir retenciones automáticas. Y quienes son incluidos en el “padrón de retenciones bancarias” —un listado de contribuyentes considerados de riesgo fiscal— pierden un porcentaje de cada ingreso sin distinción de origen. Varias firmas, según el informe, acumulan créditos fiscales equivalentes a siglos de obligaciones.
En este escenario, la salida administrativa es casi inexistente. Las solicitudes de exclusión o devolución suelen demorar años, y mientras se tramitan, los mecanismos de retención continúan operando. “Para muchos negocios, vender en Misiones implica perder dinero”, describe una especialista consultada en el artículo, quien advierte que algunas empresas solo logran destrabar situaciones mediante intermediación política.
El texto también cuestiona el rol del Poder Judicial provincial, al que acusa de avalar de manera sistemática el sistema recaudatorio. Por eso, la discusión de fondo terminó escalando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver la causa “Establecimiento Las Marías”, en la que se analiza la constitucionalidad del modelo. Su fallo, advierte Cabot, será clave para definir hasta dónde puede llegar el poder tributario de una provincia dentro del federalismo argentino.
(Misiones Cuatro).