La directora de una escuela pública de Puerto Rico presentó el jueves una denuncia ante la Comisaría de la Mujer local por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años, alumna de su institución. Según la docente, dos chicos de edad similar a la menor serían los responsables.
El hecho, relatado por la víctima, habría ocurrido a comienzos de la semana pasada dentro del Hogar Jesús Niño, un centro dedicado a la contención de menores judicializados donde residen los involucrados. La denuncia fue realizada minutos después de que la niña llegara a clases y revelara lo sucedido.
La directora destacó que mantiene un vínculo cercano con la menor, una alumna aplicada, y que le llamó la atención la ausencia de la niña en días previos, motivada inicialmente por un corte de agua en la escuela. Fue el jueves cuando la alumna se acercó llorando a la docente para contarle el abuso, lo que derivó en la denuncia policial.
Tras la denuncia, el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico ordenó un examen médico integral y medidas de protección, trasladando a la menor a otra casa dentro del hogar para preservar su seguridad mientras avanza la investigación. El primer estudio médico no detectó lesiones visibles, aunque se identificaron marcadores compatibles con abuso.
Además, el juzgado solicitó un estudio socioambiental del hogar y la declaración de la encargada del centro y la tía —quienes supervisan las casas donde viven los menores. Está prevista una entrevista en Cámara Gesell con la niña para recabar más información.
El Hogar Jesús Niño, que funciona en Puerto Rico desde hace 35 años, acoge a niños y adolescentes judicializados por diversas razones, ofreciendo contención, educación y apoyo integral.
Antecedente: condena por abuso en el mismo hogar
El hogar fue foco de atención en 2019, cuando el director denunció casos de corrupción de menores cometidos por una tía sustituta del hogar, quien trabajó allí por nueve años. Tras pruebas contundentes, la mujer fue detenida y procesada por abuso sexual a al menos once niños y niñas de entre 10 y 14 años.
Las víctimas relataron abusos cometidos entre 2015 y 2018, incluidos episodios de filmación forzada y violencia bajo amenazas. La investigación, liderada por el juez Manuel Balanda Gómez, llevó a la imputada a aceptar en 2023 un juicio abreviado que la condenó a 25 años de prisión, evitando el juicio oral.
(Misiones Cuatro).