En los últimos meses, la policía ha intensificado los operativos de control sobre los colectivos que realizan tours de compra hacia la localidad de Alberdi y que pasan por la ciudad de Formosa, conocida por sus precios bajos que atraen a comerciantes en busca de mercadería para reventa. Durante estos procedimientos, las autoridades han secuestrado productos por no contar con el denominado “sin aval aduanero”, dejando a los comerciantes en una situación de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, un reciente episodio ha encendido el debate sobre la aparente doble vara en la aplicación de estas normativas. El pasado 10 de abril, en una actividad política realizada en el barrio Villa del Rosario, funcionarios del gobierno de Formosa fueron captados en imágenes entregando productos electrónicos de la marca china LUO a militantes. Según trascendió, estos productos también carecerían del llamado “sin aval aduanero” y serían de origen dudoso, posiblemente provenientes del contrabando.
El propio diputado Agustín Samaniego, jefe del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura provincial, confirmó la realización de este evento en sus redes sociales. Las imágenes han generado indignación entre comerciantes y ciudadanos, quienes denuncian un trato desigual por parte de las autoridades. Mientras que a los pequeños comerciantes se les aplica la ley con rigor, confiscando sus productos, los funcionarios parecen operar bajo un manto de impunidad.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre la equidad en la aplicación de las leyes aduaneras y el rol de las autoridades en garantizar un trato justo para todos los ciudadanos, independientemente de su posición social o política.