El ministro de Gobierno defendió la medida del Ejecutivo y negó que vayan a afectarse derechos básicos de quienes están tras las rejas.
La postura del oficialismo provincial sobre el uso de teléfonos celulares no es nueva. Ya cuando estuvo en la posición se manifestó en contra y fue el actual gobernador Leandro Zdero quien presentó un proyecto de ley para efectuar lo que está haciendo estos días ya desde el Sillón de Obligado.
Desde la pandemia hasta ahora se permitió el uso de estos equipos para facilitar el contacto ante la imposibilidad de hacerlo de forma presencial entre el preso y su defensa o allegados y después nunca se retiraron los artefactos.
Llegó el 1 de marzo con el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura, el mandatario indicaba que se pondría en práctica la ley votada el año pasado que establecía que privados de su libertad no cuenten con teléfonos celulares y apenas comenzaron las primeras entregas voluntarias se dieron presentaciones judiciales por parte de la defensora General adjunta y el Comité contra la Tortura, que indicaban que con acciones de este tipo no se garantizan derechos básicos de quienes están tras las rejas.
“Es mentira que se les cercena la comunicación, podrán comunicarse con sus familiares, con sus abogados, o por razones de estudios, lo que ocurre es que no podrán tener el teléfono todo el día porque existe una ley que lo prohíbe”, sostuvo a NORTE el ministro de Gobierno, Jorge Gómez.
Acto seguido, el funcionario afirmó que existen motivaciones políticas por parte de quienes pretenden que continúe el libre acceso a los teléfonos celulares. “Los miembros del Comité de Prevención de la Tortura son kirchneristas y esto saca a la luz de qué lado está cada una de las partes. Nosotros estamos parados del lado de las víctimas, del lado de las familias que se ven afectadas por el delito”, agregó el ministro de Gobierno que indicó que se efectuaron todas las contestaciones a la Justicia en la que el Ejecutivo indica que no se interrumpe la comunicación con el exterior.
“La sociedad podrá sacar sus conclusiones y ver qué defiende cada uno”, insistió el funcionario y citó como hecho negativo lo ocurrido hace días con la viralización en las redes de parte de un condenado en una causa por estupefacientes, bajo una velada amenaza a las autoridades, sobre la “necesidad” de continuar utilizando los celulares. Gómez añadió como otro de los casos que marcan que la utilización de celulares en privados de la libertad no es para los fines, por ejemplo, como el caso de uno de los asesinos de Fabiola Ramírez que los usaba para extorsionar a su expareja.
DESACERTADO
Por su parte, en declaraciones radiales el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, calificó como “desacertado y mentiroso” el planteo efectuado por el Comité contra la Tortura y la Defensoría General sobre este asunto.
Indicó que se trata de cumplir una ley que tuvo el acompañamiento también de legisladores de la oposición y las acciones se centran en su cumplimiento. “Muchos privados de la libertad hicieron la entrega voluntaria de los equipos, en algunos casos hasta extendimos el plazo que habíamos dado y en otros lugares efectuamos requisas, la normativa señala que cada centro de detención debe tener teléfonos fijos y estamos terminando de instalar en el Penal y mientras tanto la comunicación se garantiza con celulares que tienen las autoridades”, indicó.
El ministro concluyó con una diferencia con la anterior administración. “Antes se entregaban notebooks a los presos y ahora lo hacemos a los estudiantes, es un compromiso con la sociedad y lo estamos cumpliendo”, cerró.