En un contexto donde el 70% de la población de Formosa vive en condiciones de pobreza e indigencia, se ha desatado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos por parte de la clase política de Formosa. El reciente caso del Diputado Nacional Ramiro Fernández Patri ha puesto en evidencia esta problemática.
El pasado domingo, Fernández Patri fue visto utilizando una camioneta Toyota Hilux 4×4, patente AB381OK, perteneciente al Ministerio de Economía de la provincia con deudas en patente y tasas municipales que superarían el medio millón de pesos, para asistir a una cena de gala en Corrientes, no se descarta el uso de vales de combustible para ese fin. Según informes, la camioneta fue utilizada para trasladar a su novia, Estrella Danieri, y a su cuñada al Centro de Convenciones de Corrientes, donde se celebró un evento social. Los registros policiales en los controles de Bº Villa del Carmen y Mansilla confirmaron su salida el domingo por la tarde con destino a Corrientes.
Este incidente ha generado una ola de críticas y ha reavivado el debate sobre el uso de recursos provinciales por parte de la clase política, especialmente en tiempos de crisis económica. No es la primera vez que Fernández Patri y su pareja son cuestionados por el uso de bienes del Estado. El año pasado, se informó que el diputado habría celebrado el cumpleaños de su novia en una casa quinta de su propiedad, contratando a un influencer uruguayo para el evento.
El uso de recursos públicos para fines personales por parte de funcionarios públicos es una cuestión que debe ser abordada con seriedad y transparencia. En una provincia donde la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas extremas, es fundamental que los líderes políticos actúen con responsabilidad y ética.
El caso de Ramiro Fernández Patri no solo pone en evidencia un posible abuso de poder, sino que también refleja una desconexión entre la clase política y las necesidades de la población. En tiempos de crisis, es imperativo que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y justa, priorizando el bienestar de los ciudadanos.
Este incidente debe servir como un llamado a la acción para implementar mecanismos de control más estrictos y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en sus líderes y garantizar un uso adecuado de los recursos que pertenecen a todos los formoseños.