Mientras la fiscal Nelia Velázquez implementa diversas medidas para esclarecer el femicidio de Johana González, la mujer de 30 años hallada sin vida el sábado pasado en una laguna de Villa Seitor, la causa judicial enfrenta una situación que inquieta en tribunales y podría llevar a la representante del Ministerio Público Fiscal a presentar algún recurso.
El abogado Pablo Vianello se constituyó como querellante en la causa tras ponerse en contacto con la madre de la víctima, mientras que Juan Ignacio Moreno, apuntado por el Poder Judicial como su supuesto socio, del mismo estudio, asumió la defensa del único detenido y principal sospechoso del asesinato de Johana, Mario Barrientos.
De hecho, Moreno acompañó al sospechoso esta mañana en Fiscalía, donde su cliente se abstuvo de declarar y fue notificado por la fiscal de las pruebas en su contra, además de la imputación.
La situación de los abogados, quienes serían socios y tendrían un vínculo extralaboral (señalaron que ambos habrían practicado rugby en el club Regatas, donde Vianello participa como integrante de la Subcomisión de Rugby), generó malestar en la Justicia por considerarse algo “intolerable”.
Moreno y Vianello habrían compartido varias causas como socios, siendo una de las más conocidas la defensa conjunta de un trabajador que disparó y mató a un delincuente. Aunque hasta ahora la fiscalía no presentó un recurso, el rol de los socios en la causa de Johana González, posicionados en lados opuestos, podría motivar una acción por “intereses contrapuestos”, como ocurrió en el caso Cecilia Strzyzowski, el antecedente más conocido.
En la causa Cecilia, el Equipo Fiscal Especial, integrado por Nelia Velazquez, declaró intereses contrapuestos en la defensa que Ricardo Osuna pretendía ejercer sobre César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena debido a los escritos incriminatorios de Acuña contra su hijo, sugiriendo que él mató a su pareja. Posteriormente, plantearon lo mismo cuando se intentó designar a Nicolás Boniardi Cabra, ya que el abogado compartía el mismo domicilio del estudio jurídico de Osuna.
Cabe recordar que el artículo 271 del Código Penal reprime con una multa económica e inhabilitación especial de uno a seis años, al abogado o mandatario judicial que “defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.
ACCIONES
La investigación por el aberrante femicidio de la joven avanzará con el arribo a Resistencia de un equipo de antropólogos de Córdoba para colaborar en la autopsia y reconocimiento del cuerpo.
(Diario Chaco).