El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, resolvió la destitución de su cargo de Ileana Judith Sínchez, quien se desempeñaba como Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia de los Tribunales de Reconquista, por considerar encuadrada su conducta en las previsiones de los artículos 7, inciso 1ero. y 2do. de la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949, informó La Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial.
La decisión del Tribunal se tomó por unanimidad. En esta ocasión el Tribunal de Enjuiciamiento se reunió encabezado por los Ministros de la Corte Suprema, Daniel Erbetta (presidente), Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi; y por los señores Legisladores Joaquín Raúl Gramajo (en representación del Senado Provincial) y Georgina Orciani (en representación de la Cámara de Diputados); y por los abogados de la matrícula Miguel Murtagh y Lilia Sosa Gerelli.
La acusación contra Sinchez fue sostenida por el señor Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre; mientras que la Defensa Técnica de la magistrada sometido a enjuiciamiento estuvo a cargo de los abogados Marcelo Parachú Marcó y Esteban Romero.
Demoras en las causas y malos tratos
La audiencia de vista de causa, en la que se ventiló la doble acusación que pensaba sobre Sinchez y la prueba en su contra, se realizó a fines de noviembre en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Santa Fe. El procurador Barraguirre dio detalles de las acusaciones contra Sinchez: demoras en sentencias para que padres puedan visitar a sus hijos, excesivas demoras en los procesos, en especial los que involucran a niños, niñas y adolescentes vulnerables, que deben definir su situación de adoptabilidad, y tramitar la adopción; y malos tratos –acoso y abuso laboral- a empleados de su juzgado y otros funcionarios judiciales.
Barraguirre expuso una serie de casos en los que Sinchez excedía los plazos que establece el Código para controlar la legalidad de una medida de protección excepcional: de los tres días previstos, en algunas causas el proceso lleva “ocho años y contando”.
En similar sentido para resolver la situación de adoptabilidad de un niño o una niña, el Código establece 90 días; en algunas de las causas que tramita Sinchez esta situación llevó tres, cinco y hasta seis años, además de extensos períodos de tiempo en los que las causas se encontraron paralizadas. El procurador remarcó que la jueza activó y dio curso a las causas una vez que llegó el pedido de informes de los expedientes desde la Procuración.
Otra de las demoras excesivas que según la acusación cometía Sinchez al frente del juzgado era con la guarda con fines de adopción, situación que según el Código se debe resolver de manera inmediata y a la magistrada le llevaba meses definir.
Finalmente, Barraguirre sostuvo que la jueza también acumulaba situaciones judiciales que debían resolverse de manera independiente, y que otorgaba guardas de menores a través de una llamada telefónica, sin ningún tipo de documentación.
En cuanto a las situaciones de acoso y abuso laboral, el procurador sostuvo que Sinchez tenía un trato abusivo y humillante para con sus empleados y empleadas. Barraguirre expuso los términos con los que la jueza se dirigía: “atorranta, tonta, inútil, burra, bruta, cagón”, entre otras. Las situaciones fueron relatadas por 14 empleados del juzgado y siete integrantes del Poder Judicial (jueces, camaristas y fiscales).
“Los de Avellaneda merecen morir” y “a los negros hay que quemarlos” fueron dos frases endilgadas a Sinchez con las que el procurador finalizó su alocución y solicitó la destitución de la jueza.
(Aire de Santa Fe).