Una entrerriana que fue explotada sexualmente por una red de trata logró justicia en los Tribunales Federales de Corrientes, donde fueron condenadas cinco personas que la sometieron en locales nocturnos entre 2010 y 2016. Se trata de la historia de Micaela- oriunda de Bovril- quien en los años de explotación tuvo tres hijos, el último de ellos con un hombre del cual se enamoró, y quien le pagó las deudas que le permitieron desprenderse de la organización. Proxenetas, empresarios de la noche y hasta un fiscal que blindó a los delincuentes aparecen en el caso.
La historia de Micaela- nombre ficticio elegido por UNO para proteger su verdadera identidad- fue expuesta ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio que se desarrolló desde el 10 de mayo hasta el 19 de septiembre, día en que se dio a conocer la sentencia condenatoria. El fallo fue firmado por los jueces Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra.
En la resolución, el TOF condenó a los acusados por “trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por haberse consumado la explotación sexual”. La sentencia completa se conoció el 20 de octubre.
En este caso fueron condenadas las siguientes personas: Rosana Estela Rodríguez, a quien le aplicaron ocho años de prisión por ser considerada coautora del delito de trata; Ricardo Aguirre y Claudia María Do Santos, quienes recibieron las penas de seis y cuatro años de prisión respectivamente; y Juan Ramón Carpe y Silvio Antonio Do Santos, a quienes les fijaron una condena de cinco años y cuatro meses de prisión. Los últimos cuatro fueron señalados como partícipes necesarios del mismo delito.
La organización explotó sexualmente a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres bajo la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de esa localidad, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado del debate por razones de salud.
“Momentos”, uno de los locales involucrados en la causa de trata sexual en Corrientes.
La historia de Micaela
Según registró UNO, Micaela contó que cayó en la red de trata por el engaño de una persona. Dijo que a los 18 años una conocida de Paraná le ofreció trabajar en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, y la promesa era hacerlo como “copera” en un bar llamado Balizas. Sin embargo, una vez en el lugar, se encontró con otra historia: los tratantes le dijeron que también debía hacer “pases” de 20 minutos con hombres. Ese término es el que se utiliza en ese ambiente delictivo para referirse a las relaciones sexuales con los clientes de trata.
También relató que los explotadores sexuales le explicaron que se quedaría con el 50% de los “pases” y las copas que compartía con los clientes. Los “pases” eran registrados por una mujer que atendía en la barra del local. “Cuando las chicas pasaban a una pieza, la encargada lo anotaba”, contó Micaela y agregó que debían entregarle el dinero del ‘pase’ y la mujer les daba un preservativo.
En su extenso testimonio, salen a la luz cómo los tratantes se aprovechaban de la vulnerabilidad de sus víctimas y ejercían un claro dominio sobre ellas. Por ejemplo, Mica reveló que vivía en el boliche junto a otras dieciséis chicas y que trabajaban desde las 22 hasta las 6 de la mañana. Durante el día, dijo, generalmente dormía a raíz de la gran ingesta de bebidas alcohólicas de la noche anterior. Y precisó que debía pernoctar en el mismo lugar donde se concretaban los “pases”.
“Durante el día no dejaban que nadie nos vea”, comentó ante el fiscal del caso. Y agregó que si salían del lugar tenían que hacerlo “camufladas” para que nadie las vea.
La Justicia de Concepción del Uruguay procesó a un hombre por trata con fines de explotación sexual.
La denuncia, el fiscal y la red protegida
En 2014, Micaela pudo contactarse con su familia en Bovril y le relató lo que padecía a su padre, quien radicó la denuncia policial. La presentación la formalizó el 14 de enero de 2014 en la Comisaría N° 16. Allí contó que su hija era sometida sexualmente en un bar pool ubicado en la localidad de Mercedes, sobre la Avenida San Martín.
En una primera instancia la causa tramitó en el Juzgado Federal de Paraná y luego pasó al de Paso de los Libres, a cargo del fiscal Benito Antonio Pont. Sin embargo, el expediente se archivó el 7 de abril de 2015 ante la incomparecencia de la víctima. Lo que sucedió en realidad fue que el fiscal brindó protección a la red. Actualmente el ahora exfiscal está procesado y no fue sometido a juicio ya que tiene “deterioro cognitivo”.
Esa situación permitió que los tratantes continuarán explotando a Micaela. La joven fue trasladada a otro bar, donde se le impidió todo contacto con sus seres queridos. En este punto, la justicia y la familia de la joven pusieron sus esfuerzos en encontrarla, lo que finalmente sucedió tras meses de averiguaciones y diligencias judiciales. Mica fue rescatada y contó lo padecido en una entrevista judicial el 11 de mayo de 2016. Para entonces tenía dos niños, los cuales tuvo con el hijo de una de las mujeres que la explotó sexualmente.
En aquella declaración videograbada, la joven, ya de 25 años, dijo que luego de haber sido explotada en los bares Balizas y Roxi, fue trasladada a un prostíbulo de Bella Vista y luego a uno de Mercedes. Precisó que este último estaba a cargo de un transexual que se llamaba Guillermina, quien la siguió sometiendo a través de una deuda ficticia (que cobraba cada dos semanas). Fue así que, para “pagar” la deuda, la joven fue llevada a “trabajar” a Paso de los Libres a un bar a cargo de María, quien sería Claudia María Do Santos (una de las condenadas). Esta última le prestó dinero y el sometimiento económico se agravó.
“A veces no le alcanzaba la plata para nada, estaba en una situación crítica”, señala el fallo al que accedió UNO. La entrerriana también informó que en un momento la organización decidió que las mujeres busquen clientes fuera de los bares y que les indicaron que si la policía les preguntaba, debían decir que estaban jugando al pool o que los ocasionales hombres que estaban con ellas eran en realidad sus parejas.
Fue en esta segunda etapa de la explotación donde Micaela conoció a su segundo marido, de quien se enamoró y con quien tuvo un tercer hijo. El hombre pagó sus deuda y fue así como, finalmente, pudo librarse de sus explotadores y dejar el consumo de drogas y alcohol.
El juicio
En el juicio que se realizó en los Tribunales Federales de Corrientes intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer junto a las auxiliares fiscales Tamara Pourcel, de la Fiscalía General, y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La querella de las víctimas estuvo representada por Rosana Marini, de la Defensoría de Víctimas.
De acuerdo con la acusación, los prostíbulos donde fueron explotadas las víctimas estaban comandados por distintos grupos criminales. Las personas que resultaron condenadas formaron parte del primer grupo, que explotaba sexualmente a víctimas en los prostíbulos denominados “Roxi” o “Puro Movimiento” y el Hotel “Momentos”. Los otros ocho imputados, acusados de conformar el segundo y tercer grupo, fueron absueltos.
Además de las condenas a prisión, el tribunal ordenó para todos ellos el pago de la reparación equivalente a la suma de 50 millones de pesos para cada víctima, que deberán pagar los condenados de forma solidaria. Finalmente, ordenó el decomiso de muebles e inmuebles que fueron utilizados para cometer este delito y del dinero secuestrado, tanto en moneda nacional y extranjera, a lo largo de toda la investigación.
El juicio había comenzado con 16 personas imputadas, pero una de ellas falleció y otra -que estaba acusada como partícipe primario de trata de personas agravada y autor de amenazas- admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, cuyo acuerdo la fiscalía pidió que se homologue.
El caso
La causa comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida en la línea 145, en base a la cual la PROTEX inició una investigación preliminar. En ese marco, se encomendaron tareas de investigación a la Gendarmería Nacional y se realizaron otras medidas que permitieron corroborar la existencia y el funcionamiento de los locales “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, como lugares donde se explotaba sexualmente a mujeres, por lo que se radicó la denuncia ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres que ordenó, en línea con lo solicitado por el titular de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres Aníbal Fabián Martínez y la procuraduría especializada, el allanamiento y clausura de los locales.
Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del 2016 en el caso de “Roxi” y el “Hotel Momentos”. Respecto de este último, las acciones se habrían reiniciado luego del 10 de enero (fecha de la primera clausura) hasta el 27 de marzo de 2016 y, nuevamente, con posterioridad a esa intervención y hasta el 16 de mayo de 2016.
Durante la pesquisa, la procuraduría advirtió que dos de los locales denunciados, el prostíbulo “Puro Movimiento” y el hotel “Momentos” habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos de origen delictivo. En esa oportunidad, se había dictado una sentencia condenatoria contra siete imputados. Sin embargo, no se había efectivizado el decomiso de los locales y los lugares continuaban funcionando como prostíbulos.
A la investigación impulsada por la PROTEX se acumuló una de las causas en la que Pont intervino como único fiscal de la jurisdicción y cuya investigación se lo acusó de haber desviado, luego de haber recibido los informes conclusivos y contundentes que una fuerza de seguridad le elevó respecto de la actividad ilícita que allí se producía. En ese proceso el entonces fiscal federal solicitó la declaración de incompetencia y descartó la hipótesis criminal más gravosa como la trata de personas, aun teniendo evidencias claras de la comisión de ese delito en los locales denunciados.
Según la fiscalía, los grupos actuaron de manera conjunta y coordinada en diferentes locales ubicados en el kilómetro 8.5 y 7.5 de la Ruta 117, respectivamente, de la localidad correntina de Paso de los Libres. La acusación indicó que los líderes de cada uno pusieron y mantuvieron en funcionamiento -sin complicaciones judiciales ni interrupción de esa actividad ilegal- la whiskería “Roxy” o “Puro Movimiento”, en la que se ofrecían y realizaban “pases” de las víctimas. Además, estableció que en el hotel “Momentos” se alojaba a las mujeres, que eran previamente captadas y trasladadas desde otras regiones del país para su posterior explotación, y que allí también se concretaban los “pases”, que eran previamente concertados en el prostíbulo. De acuerdo a los fiscales, esto conformó un “único y compacto sistema prostibulario”. (Diario Uno).