La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de dos entrerrianos especialistas en informática, uno de ellos funcionario del gobierno provincial, acusados de realizar espionaje ilegal al exhombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Antonio Jaime Stiuso y a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Estas maniobras habrían ocurrido el mismo día que murió el fiscal Alberto Nisman. La Cámara, además, ordenó al juez Julián Ercolini profundizar la investigación.
Los procesados son Alexis Lesa, que se despeña como Director General de Informática para la Provincia de Entre Ríos, y Pablo Palá, personal del área de Cómputos del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Así figuran en el portal de la Secretaría de Modernización y en la nómina de empleados publicada en la página web del organismo de control, respectivamente. Se los acusa de utilizar un usuario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para realizar el seguimiento de Stuiso y Arroyo Salgado en la base de datos de Migraciones.
De acuerdo con el fallo de la Cámara Federal, Lesa y Palá monitorearon los movimientos ambos la tarde del 18 de enero de 2015, horas antes de que se conociera la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA.
El exespía Antonio Jaime Stiuso habría sido víctima de espionaje ilegal
La decisión judicial se enmarca en la causa que investiga un sistema de espionaje ilegal contra políticos opositores, jueces, fiscales y periodistas, entre varias personalidades, todas opositoras al gobierno de entonces, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia había sido presentada por la hoy candidata a presidenta Patricia Bullrich, junto a la entonces diputada Laura Alonso.
Los espiados eran integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y fiscales federales, y políticos como Mauricio Macri, Francisco De Narváez, Ricardo Alfonsín y José Manuel De la Sota, consignó el portal Infobae.
La denuncia inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello y luego pasó al juzgado de Ercolini. La investigación incluyó revisar si se controlaron los movimientos migratorios. Fue así que aparecieron las consultas sobre Arroyo Salgado, expareja de Nisman; y el exjefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, que había sido desplazado poco antes por el gobierno de Cristina Kirchner.
Los acusados Palá y Lesa expresaron, en su defensa, que solo hacían actividades comerciales lícitas en materia informática. El juez Ercolini los había procesado y embargado por violar la ley de inteligencia y la Cámara Federal confirmó la decisión: “Sea cierto o no que –paralelamente– poseían algún emprendimiento de ese tenor, la lógica de los acontecimientos los muestra cuanto menos empleando esos medios para realizar –en connivencia o bajo órdenes de otros– actos enmarcados en conductas caracterizadas por la clandestinidad y el secreto”.
Sandra Arroyo Salgado.
“Las maniobras concretas por las que fueron procesados los imputados se enmarcan en un contexto determinado, que ha quedado expuesto a partir de las pruebas reunidas durante la instrucción. La valoración en conjunto de todas esas circunstancias avala la hipótesis de que su actividad formó parte de operaciones desplegadas desde organismos de inteligencia que estaban prohibidas por la ley”, entendió la Cámara.
“Los movimientos migratorios de la jueza federal fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiusso, en treinta y ocho oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs”, añadió.
Y continuó: “En todos los casos, se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”.
“Los datos quedaron registrados en la Dirección Nacional de Migraciones, que los informó. Incluyen usuarios de la Agencia Federal de Inteligencia (o SIDE o SI, según anteriores denominaciones), de la Dirección de Inteligencia Criminal -Ministerio de Justicia-, de la AFIP (tanto de la DGI como de la DGA), de la UIF y del Banco Central. Aún se está profundizando la investigación sobre si existieron fundamentos legales de todas aquellas averiguaciones. Esta tarea no está completa y debe ser continuada. Pero algunas informaciones ya fueron colectadas”, señaló. (Diario Uno).