En el marco de una acción de amparo por el derecho a una vivienda, presentada por un matrimonio, se realizó este viernes una audiencia pública convocada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Paraná. En la oportunidad, los integrantes del Tribunal escucharon las posiciones de representantes legales de los amparistas y a los del gobierno provincial y municipal.
En una situación judicial inédita en Entre Ríos –se hizo saber a UNO– un matrimonio de adultos mayores que vive en situación de calle acudió a la Justicia para que el Estado le otorgue una vivienda digna. En esa primera instancia, el tribunal interviniente avaló el reclamo de los amparistas y condenó al Estado a cumplir con la exigencia. Por ello, es que se recurrió al STJ para que defina la situación.
Este viernes se realizó la audiencia y el tribunal estuvo presidido por la vocal Gisela Schumacher, el vocal Leonardo Portela, la vocal Laura Soage y el vocal Miguel Ángel Giorgio.
A partir de las 8 de la mañana dio inicio la audiencia para escuchar a todas las partes involucradas y a funcionarios y funcionarias públicas de distintas áreas de gobierno vinculadas con la temática.
La vocal Gisela Schumacher explicó que esta acción genera diversos análisis. Por un lado, la situación que plantea el Estado, y por el otro, la realidad de los amparistas, quienes según declararon, viven en situación de calle.
La magistrada explicó también que a nivel nacional hay varios precedentes en este tipo de reclamo, aunque en Entre Ríos es la primera vez que se presenta un caso con estas características. Esa fue la razón por la que el Superior Tribunal de Justicia, que debía decidir la acción, se interesó en conocer algunos detalles, para así tratar de arribar a un acuerdo entre las partes.
Por ello, les fueron formuladas diversas preguntas a quienes participaron de la audiencia por parte de la referida jueza, y también de Leonardo Portela y Laura Soage.
Además participaron Gerardo Ormaechea y Camila Bertonchini, en carácter de representación letrada de la parte actora; el Fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori en nombre y representación del Gobierno de Entre Ríos; Luciana Vernackt con el patrocinio letrado de Roxana Flematti en representación del IAPV; Walter Martín López y Mónica Ortiz en representación de la Municipalidad de Paraná; la subsecretaria de Desarrollos Humanos y Políticas del ciudadano, Muriel Stablum; la subsecretaria de Asuntos Administrativos Jurídicos, Romina Sirota; Mariana Abolafia, letrada del Ministerio de Desarrollo Social; el director de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo, Pedro Manucci; la subsecretaria de Políticas Territoriales del mismo Ministerio, Rosa Silva; la directora de la Urgencia de Desarrollo Social, Mora Franchessi, y por la Dirección de Subsidios de la Provincia, Gonzalo Casas.
Una vez escuchados los argumentos de las partes y luego de intercambiar opiniones, se solicitó al Tribunal que dispusiera un cuarto intermedio hasta el lunes a las 10 de la mañana para ampliar el diálogo y tratar de arribar a un acuerdo, lo que así fue dispuesto.
Condena al Estado
Todo se inició con la presentación de un matrimonio de adultos mayores que fueron asistidos por el abogado de Paraná, Gerardo Ormaechea. En el amparo presentado ante la Cámara de Casación Penal, se resolvió condenar al Estado a entregar a los damnificados, por la pobreza existente, una vivienda digna.
Desde el Estado, la fiscalía de Estado recurrió al Superior Tribunal de Justicia para que se revise el fallo, y se arbitren otras alternativas.
De esa manera, este viernes se logró presentar como una opción para analizar por el matrimonio de adultos mayores, que el gobierno se haga cargo de al menos seis meses de alquiler de “una vivienda digna”, para de esa manera, garantizar por un tiempo que los damnificados tengan un techo seguro.
Sin embargo, explicó el abogado Ormaechea, en la audiencia celebrada este viernes ante los vocales del STJ, no se pudo ubicar a la pareja de ancianos que se encuentra en condición de calle. No solo es necesario que se presenten ante el tribunal para informar de los inconvenientes que padecen, sino también saber si darán o no su consentimiento a la propuesta que formalmente el Estado hará el lunes.
(Diario Uno).