Una situación inédita se vivió en horas de la mañana y mediodía de este viernes en el Centro Cívico de Concepción del Uruguay, tras la amenaza de bomba recibida vía telefónica, en la cual una voz anónima habría apuntado a la Fiscalía y la Justicia provincial. Debieron desalojar el edificio en el cual también funcionan oficinas municipales. Tras revisar el lugar, no encontraron ningún explosivo.
El llamado fue recibido en el Comando Radioeléctrico de la Policía de Concepción, donde la voz de un hombre que apuntó a un fiscal dijo que habían puesto una bomba en el segundo piso del edificio ubicado en calle San Martín, entre Mariano Moreno y Juan Domingo Perón. De este modo, se desplegó de inmediato el operativo para evacuar el edificio, así como las viviendas aledañas y la plaza Francisco Ramírez ubicada frente al edificio.
Poco después, llegaron al lugar efectivos de Bomberos Zapadores especializados en explosivos que recorrieron todo el edificio, las oficinas y el estacionamiento, y descartaron la presencia de explosivos, por lo que todo volvió a la normalidad.
Repudios
El Superior Tribunal de Entre Ríos emitió un comunicado en el cual manifestó: “Habiendo tomado las medidas del caso a fin de salvaguardar la seguridad de las personas, se procedió a la evacuación inmediata del edificio y la subsiguiente intervención de integrantes de la Policía de Entre Ríos con competencia en la materia”.
El vocal Carubia desmenuzó la sentencia que permitió la excarcelación de Pavón.
Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.
“Ante esta situación, el STJER manifestó su más firme repudio contra estas expresiones de amedrentamiento para impedir o condicionar la libre actuación de la función judicial, tarea que debe ser llevada adelante con tranquilidad de espíritu, sin interferencias, presiones de ninguna naturaleza, garantizando los valores democráticos que dan sustento a la República y la plena vigencia de todas las garantías jurídicas de nuestro ordenamiento legal”, agregó.
El Alto Cuerpo expresó que “cada vez que se realiza una amenaza de este tenor no solo se violenta el normal desarrollo de la actividad judicial, sino que, también, se trastoca la paz social de la comunidad toda, por lo que surge la necesidad de sustentar nuestras instituciones, en defensa de cualquier intento de daño, estableciendo un fuerte juicio de reproche moral y ético por parte de todos los sectores de la comunidad hacia quienes hayan sido los autores de esta amenaza”.
Del Acuerdo Especial, participaron el vicepresidente, a cargo de la presidencia del STJ, Daniel Carubia, los vocales Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage.
Por otro lado, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó su “más enérgico repudio y condena ante la amenaza de bomba perpetrada en el edificio del centro cívico de Concepción del Uruguay (…) Este tipo de acciones constituyen una clara afrenta a la sociedad en su conjunto y atentan cobardemente contra los principios fundamentales de convivencia pacífica y respeto mutuo. Manifestamos nuestra solidaridad, acompañamiento y apoyo a todas las personas que se vieron afectadas por este incidente. Resulta inadmisible que se utilicen métodos tan cobardes para intimidar y alterar el orden público, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de las personas, así como para obstaculizar el funcionamiento de las instituciones que garantizan la justicia y el bienestar de la sociedad. Confiamos en que las autoridades competentes realizarán una exhaustiva investigación para esclarecer el hecho, identificar y sancionar a los responsables”. (Diario Uno).