El femicidio de Chiara Páez, ocurrido en la localidad santafesina de Rufino en 2015, fue tan brutal y violento que generó una verdadera conmoción social. Chiara y su asesinato interpelaron a miles de mujeres en varias ciudades de la Argentina, tanto que un mes después comenzó a gestarse un movimiento social sin precedentes hasta ese momento. Desde la primera edición del Ni Una Menos se condenó la violencia machista y en igual medida se reclamó por la falta de políticas públicas orientadas para prevenir este flagelo.
A ocho años de aquel primer grito que se replicó en todo el país, las mujeres y las disidencias nucleadas en organizaciones y asambleas siguen reclamando por cuestiones que consideran que todavía están pendientes. “Uno de los ejes principales en los cuales vamos a estar haciendo hincapié tiene que ver con el cumplimiento de las leyes por la cuales venimos luchando desde hace ocho años, desde que se impulsó el 3J. Se trata de la Ley del Cupo Laboral Trans, la Ley Micaela, la Ley del Aborto y la Ley de Educación Sexual Integral. Son leyes que están vigentes pero que no se están cumpliendo”, advirtió a UNO María Hernández, integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná.
A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del 3J, la Asamblea junto a la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas viene organizando la marcha que se realizará el viernes en la plaza 1º de Mayo en la capital entrerriana. Como es habitual todos los años, se leerá un documento consensuado donde se buscará visibilizar los ejes de las problemáticas comunes al colectivo feminista. En esta edición desde la organización se confeccionará una bandera con el siguiente lema: Ni Una Menos. Unidas contra la Derecha. La jornada de protesta tendrá continuidad en la zona de plaza Mansilla.
Se informó que durante la concentración se reclamará por la celeridad en la resolución de varias causas vinculadas con hechos de violencia contra las mujeres y las disidencias. Uno de esos casos será el de un médico cardiólogo denunciado por abuso sexual por varias mujeres del barrio Bajada Grande. Según la asambleísta, el galeno atendía en el hospital Gerardo Domagk: “El médico Reyes abusó de varias mujeres, entre ellas algunas menores”.
El acusado atendía en el hospital Gerardo Domagk del barrio Bajada Grande, aunque tras las denuncias fue separado del cargo por decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Si bien el caso está sujeto a una investigación penal, durante la marcha del viernes se reclamará justicia por las víctimas.
Un grupo de vecinos junto a las damnificadas convocó a un escrache frente al establecimiento de salud, donde además de reclamar justicia se interpeló al Estado para que brinde respuestas ante el hecho.
Las deudas pendientes
María Eugenia Sarli, otra de las integrantes de la Asamblea, consideró que entre las cuestiones que se deben visibilizar “el Ni Una Menos históricamente desde hace ocho años viene siendo el eje de las violencias. Principalmente siempre se reclama por las causas de femicidio, se le hacen reclamos concretos a la Justicia sobre los casos que aún están sin resolver o sin condena”.
Planteó que en ese contexto debe exigirse también celeridad por los casos de travesticidio, algunos de ellos emblemáticos como el de Lucía Torres Mansilla, más conocida como La Loba. “El caso está impune, porque no hay nadie condenado por ese tema. La única persona que estaba detenida se terminó quitando la vida”, reseñó la activista.
Sarli rescató el caso de Gisela López en Santa Elena, la joven víctima de un femicidio que conmocionó al país. Al retomar la investigación sostuvo que “tuvo idas y vueltas, pero finalmente luego de siete años no hay nadie condenado. Anterior a Gisela hubo otras chicas en Santa Elena. Siempre hacemos memoria sobre nuestras muertas y es así. Pero también intentamos celebrar la vida, intentamos también poner el eje en lo que está faltando para que las mujeres que transitamos a diario los ámbitos de trabajo en los distintos lugares de la sociedad estemos protegidas cuando nos pasa alguna situación de violencia y que nos sintamos seguras de poder ir a algún organismo, y se nos va a acompañar y se nos va a proteger”.
La entrevistada dijo a UNO que si bien existe un marco normativo tendiente a brindar herramientas para prevenir la violencia de género, en la práctica recordó que se sancionó en Entre Ríos la Ley Nº 10.956 que crea el nuevo régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de género. “Así se estableció después del femicidio de Fátima Acevedo. Hubo un replanteo en la Legislatura provincial, alguien tomó la posta para poder revisar la adhesión a la Ley de Protección Integral a nivel nacional, pero no solo hubo una adhesión, sino que lo que se trató fue de configurar herramientas que tengan en cuenta nuestra territorialidad. Por ejemplo en esa ley se menciona que en los lugares donde no haya juzgados específicos en materia de violencia de género se puede ir a hacer la denuncia en un Juzgado de Paz o en un Juzgado Civil y Comercial, que tienen presencia en todo el territorio. Entonces esa ley le da herramientas muy concretas a la Justicia para poder proceder, sin embargo la Justicia sigue aplicando el viejo régimen”, observó Sarli. (Diario Uno).