Así lo dispuso el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, en el decreto presentado ante la Cámara de Diputados de Chaco. En ese marco, el mandatario chaqueño vetó en forma parcial el título y los artículos 1°, 3° y 4° de la sanción legislativa N° 3794-J. “Prohibición del uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios”.
Entre los fundamentos presentados, explican que “la presente ley pone en peligro los consensos y objetivos construidos junto al Gobierno nacional y provincial, descuidando y alterando derechos constitucionales y convencionales como el principio de progresividad y no regresividad, por los cuales se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos esenciales en forma progresiva, sin legislación alguna que cercene los respectivos derechos”.
De esa manera, el Ejecutivo provincial consideró que la sanción legislativa resultó “absolutamente regresiva en materia de acceso derechos humanos básicos, universales e inalienables , utilizando la condición particular de las personas privadas de su libertad a efectos de restringir el ejercicio de derechos, resultando además en la práctica una restricción en la comunicación y en el desenvolvimiento de funciones del personal administrativo, policial y penitenciario en su conjunto, alterando así el correcto funcionamiento del Estado Provincial en materia de seguridad pública”.
Además, explican que se basaron en que la Ley Nacional N° 24.460 que “regula lo atinente a personas privadas de libertad, la cual establece que el único derecho del cual pueden ser privadas las personas al ser contadas o estar en situación de prisión preventiva, es el derecho a la libertad ambulatoria, debiendo garantizarse los demás derechos por parte de los Estado Provinciales”.
Así las cosas, argumentan que la provincia “regularizó el uso de telefonía celular a fin de garantizar el acceso a derechos básicos e inalienables como ser la educación virtual, capacitación de oficios, el acceso a la justicia al permitir el contacto de los detenidos y detenidas con sus correspondientes representantes y/o defensores legales y fundamentalmente el derecho a mantener vínculos de carácter afectivo con su grupo familiar“.
Ante esto, remarcan que se realizaron “múltiples capacitaciones dirigidas a las personas privadas de su libertad en relación al buen uso de la telefonía celular, su regularización y correspondientes sanciones establecidas, en el marco de las políticas estratégicas efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en conjunto con el Comité de Prevención de la Torturay el Servicio Penitenciario Provincial y en consecuencia, la modificatoria sancionada por el Poder Legislativo altera el espíritu transformador y las políticas de Estado promovidas por el Estado Provincial, en base a la Ley Nacional 24.460″.
QUÉ DICEN LOS ARTÍCULOS 1°, 3° Y 4° QUE VETÓ EL GOBIERNO
–Artículo 1º: “Limitase el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la Provincia conforme la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación de la presente Ley”.
– Artículo 3°: “El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia podrá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular en el interior de los establecimientos penitenciarios y actualizarlos, cuando sea imprescindible, de conformidad con los recursos establecidos en la Ley de presupuesto anual, sin que afecte a las comunidades aledañas a los mismos”.
–Artículo 4°: “Para garantizar la comunicación de los internos, la autoridad de aplicación facilitará la comunicación de la persona en contexto de encierro con su grupo familiar, afectos, representantes legales para su desarrollo cultural y/o proceso judicial a través a cualquier medio de comunicación”.
LA INICIATIVA APROBADA EN LA LEGISLATURA
Cabe recordar que a inicios de este mes, los diputados provinciales sesionaron en el recinto Deolindo Felipe Bittel y, como uno de los últimos temas del día, aprobaron la iniciativa de Livio Gutiérrez que pretende limitar el uso de celulares e internet en las penitenciarías de la provincia.
En la votación, quienes se manifestaron en contra fueron los diputados Teresa Cubells y Rodrigo Ocampo. Por su parte, Mariela Quirós, Nicolás Slimel, Hugo Sager y Claudia Panzardi votaron en abstención. (Diario Chaco).