A cambio de unos pesos más que no le iban a hacer la gran diferencia pero quizás le salvarían un par de meses de subsistencia, un joven de 23 años que se dedicaba a la fotografía y a conducir un auto para Uber, en la ciudad de Buenos Aires, aceptó el riesgo que asumen cada vez más personas: viajar a Misiones y volver con unos kilos de marihuana en el bolso. En un control de Gendarmería, el año pasado, lo descubrieron con tres kilos de cogollos (la flor del cannabis con cada vez mayor demanda). Llegó a juicio donde confesó y aceptó la pena de cuatro años de prisión. Su pareja, una joven peruana, rogó que le den la domiciliaria para poder salir a trabajar y que él cuide a los chicos. En el Tribunal Oral Federal y la Fiscalía de Paraná hace tiempo que gana terreno una mirada más humana sobre estas causas, por lo cual condenaron al imputado e hicieron lugar al pedido de detención en su vivienda.
El procedimiento que originó la causa judicial fue en el marco de un operativo de control vehicular del Escuadrón 4 Concordia, Sección Núcleo, de la Gendarmería Nacional Argentina, en el kilómetro 240 de la autovía nacional 14. Eran las 8.30 de la mañana del 1° de julio de 2022 cuando inspeccionaron un ómnibus perteneciente a la empresa Vía Bariloche, que circulaba en dirección norte-sur. El vehículo había partido desde la localidad misionera de Eldorado, con destino a Retiro.
En el marco de una revisión general de los equipajes transportados detectaron, en la bodega, un bolso azul y gris con seis paquetes amorfos, envueltos en papel film transparente, con un nailon negro por debajo. Obtuvieron la orden del Juzgado Federal de Concordia y los abrieron, confirmando así lo que era evidente: eran paquetes con marihuana. Pero no el tradicional ladrillo del cannabis compacto, sino las flores, llamadas cogollos, cuya demanda en el mercado va creciendo, por lo cual los narcos paraguayos envían para competir con los micro productores locales.
Los gendarmes verificaron que el bolso pertenecía al joven fotógrafo según el cotejo del boleto de pasajero con el ticket del bolso y el talón que tenía el conductor. La pericia arrojó que eran un poco más de tres kilos de la sustancia.
El joven fue imputado y procesado con prisión preventiva por el delito de Transporte de estupefacientes. No tenía nada para cuestionar ni coartada posible, por lo que decidió llegar rápidamente a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.
El mismo fue presentado el mes pasado ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Roberto López Arango. El fiscal general subrogante, Juan Sebastián Podhainy, y el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo, solicitaron la pena de cuatro años de prisión. En la audiencia, el acusado admitió el delito que cometió y dijo que aceptaba la pena.
Además, habían solicitado que la sanción se cumpla con la modalidad domiciliaria. El defensor argumentó dos cuestiones: por un lado, en que es padre de un niño, cuyo interés superior debe ser prioritario para la Justicia. La situación económica que se encuentra transitando su pareja, criando sola a un hijo pequeño de ambos y otra niña de una pareja anterior, lo que le imposibilitaba salir a trabajar y así procurarse el sustento necesario para ellos.
En segundo lugar, se argumentó para la domiciliaria los problemas de salud del imputado, quién padece “trastorno de ansiedad”, según el diagnóstico de un psiquiatra, quién a su vez le recetó la ingesta de gotas de cannabis.
Además, sobre el primer aspecto mencionado, se presentó y expresó la pareja del detenido, quien expuso ampliamente las penurias económicas que estaba transitando, lo difícil que resultaba estar al cuidado de los menores y trabajar. Dijo que se desempeñaba como vendedora ambulante, “mantera”, en CABA pero fue desalojada del lugar donde lo hacía, por lo que, actualmente, solo se desempeña como empleada domesticas en los momentos que los niños se encuentran en la escuela. Contó que es de nacionalidad peruana y que su único familiar en el país es su mamá, pero vive lejos de su domicilio, por lo que no podía hacerse cargo de sus hijos para que ella pueda trabajar más horas.
El juea hizo lugar al pedido, por lo que impuso la condena de cuatro años para el joven, al tiempo que ordenó el traslado hasta su vivienda del barrio San Cristóbal de Buenos Aires, y al inicio del trámite para la tobillera electrónica. (Diario Uno).