En las últimas horas comenzó a circular un video que expone las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial N° 1 de Resistencia y en el que se escucha a una persona, que sería un recluso de la unidad, realizando una estafa telefónica en el que le pide a la persona con la que habla asista a un Rapipago para efectuar una transacción mientras a cambio de -aparentemente- la devolución de un automóvil.
El audio capta algunos fragmentos en los que se puede escuchar a un hombre en plena negociación. Las imágenes corresponderían al pabellón 17, zona planta alta, aunque esto no fue confirmado aún por ninguna fuente oficial.
Diario Chaco realizó diversos intentos sin respuesta para dialogar con Gilda Erika Maidana, directora General del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). En las instalaciones del servicio tampoco lograron precisar información o confirmar datos ya que la única voz autorizada es Maidana, informaron, quien en ese momento se encontraba en una reunión.
“Me avisa cuando llega al Rapipago, ¿en qué se va a dirigir?, ¿en moto?, ¿en qué? Dale, quédese tranquila. No quiero problema, no quiero complicaciones, no quiere que esté la Policía. ¿Usted cómo se llama?” , se escucha decir a la persona a cargo de la supuesta estafa. “No importa lo hacemos todo en llamada, la llamada no se corta en ningún momento hasta que mi hermano no le entregue el auto a usted”, también expresó el hombre en el audio que comenzó a circular.
Sin respuestas por parte del SPP, este medio consultó al Comité de Prevención contra la Tortura si había realizado alguna intervención. Kevin Nielsen, presidente del organismo, confirmó que tras tomar conocimiento del video se contactaron con el Jefe del Servicio Penitenciario N° 1.
“Le pregunté si es que este video es actual o tiene que ver con una situación anterior, recordemos que el uso de celulares siempre existió en las unidades penales de manera clandestina y hace un año se legalizaron el uso de teléfonos. Bueno me confirma que su suposición era que este era un hecho actual, entonces lo consultamos si es que habría alguna novedad, si se abrió un sumario administrativo para determinar qué era lo que había sucedido y que acciones se habían entablado”, señaló Nielsen a este medio.
El jefe consultado respondió, según detalló el funcionario consultado, que “estaba esperando directivas de la superioridad respecto a que vía o acciones emprender”.
“Nosotros lo que podemos observar que este hecho habría sido grabado no por un privado de la libertad sino presumiblemente por un agente penitenciario porque fue grabado desde el techo donde están de consigna los celadores para brindar la seguridad de perímetro, con lo cual hay que investigar también por qué este agente penitenciario no hizo las actuaciones correspondientes ante este hecho”, planteó Nielsen.
Cabe destacar que, según el protocolo, ante este tipo de hechos se labra un acta donde se informa de la novedad y posteriormente interviene el cuerpo de seguridad para la realización de una requisa, por ejemplo.
Sobre otras situaciones de estafas, aseguran que en los últimos 4 meses -periodo en el que se realizó una consulta- no se detectaron usos indebidos de teléfonos celulares.
Desde el Comité de prevención contra la tortura indicaron que esto se trata de un “caso aislado” en una población de 3000 personas privadas de la libertad en la provincia del Chaco por lo que plantean que esto no debe “ser el motivo para restringir este derecho que ha traído múltiples beneficios”.
“Antes de la regulación habían hechos prohibidos y no se podía saber ni siquiera qué persona lo había cometido porque los celulares estaban en la completa clandestinidad”, plantean desde el organismo”, manifestaron defendiendo la regulación que permite el uso de dispositivos tecnológicos en las cárceles.
“Podemos decir que en la provincia del Chaco está absolutamente erradicada la clandestinidad del uso de teléfonos celulares. Los últimos datos del Servicio Penitenciario en una población de 1.400 personas privadas de la libertad había 950 teléfonos registrados. Los que no tienen teléfonos es porque carecen de medios económicos. Erradicó la clandestinidad por lo cual se terminó la venta de teléfonos celulares dentro de las unidades, muchas veces dada con connivencia del personal penitenciario”, concluyeron.
(Diario Chaco).