Los familiares de los detenidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro de El Salvador, están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos en ese lugar, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera y si no pagan sus familiares no tiene comida ni acceso a papel higiénico o vestimenta.
A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan USD 170 directamente en el penal. Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones.
Hasta el momento no es posible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley.
No es posible saberlo, debido a que el gobierno de Nayib Bukele declaró como “reservada” toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad.
Según fuentes consultadas por Infobae, la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) empezó desde fines del 2022 a hacer los cobros obligatorios de USD 170 por en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y en al menos otras dos prisiones, en Apanteos y en Izalco.
Además del sistema de paquetes obligatorios, hasta el momento funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares de los reos depositan sumas de entre USD 5 y USD 150 al mes. Ese pago da al preso derecho de tener un número de identificación que él utiliza para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales artículos de primera necesidad.
Quien es el funcionario que controla las cárceles de El Salvador
Su nombre es Osiris Luna Meza y aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de que se ha enriquecido con el dinero de los presos, de que fue el enviado especial del presidente Nayib Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen.