En un nuevo paso dentro de su estrategia de combate al crimen organizado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró este sábado la implementación de la Ley Antimafia en Rosario, una de las ciudades más golpeadas por la violencia narco en los últimos años. La funcionaria afirmó que “esta guerra sin cuartel la estamos ganando”, al destacar los resultados de las políticas aplicadas por el Gobierno nacional.
La resolución 572/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, formaliza la puesta en marcha de esta herramienta legal, que busca castigar de forma colectiva a las bandas delictivas que operan como organizaciones estructuradas. “Banda que comete un delito, caen todos por igual. En bloque, todos sus miembros. No más uno por uno”, expresó Bullrich a través de sus redes sociales.
La Ley Antimafia, sancionada y promulgada en marzo de este año, otorga al Estado nuevas facultades de investigación y sanción sobre estructuras criminales que actúan en forma organizada, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y otros delitos complejos.
“Primero, el Plan Bandera; ahora, sumamos más herramientas y mayores penas para terminar con las organizaciones criminales”, señaló la ministra, en referencia a la estrategia integral desplegada en Rosario, que incluye la intervención coordinada de fuerzas federales, inteligencia criminal y reformas legales.
Bullrich remarcó que los avances “ya se notan en nuestros números y en la calle”, e insistió en que el Gobierno continuará “a fondo, sin dar un paso atrás” en su lucha contra las mafias que operan en el país.
La aplicación de esta normativa marca un punto de inflexión en la política de seguridad pública, particularmente en Rosario, donde en los últimos años se registraron récords de homicidios y un creciente poder territorial de bandas narco. Con esta ley, tanto las fuerzas de seguridad federales como la Justicia Federal contarán con herramientas más contundentes para actuar contra el crimen organizado.
La decisión fue bien recibida por sectores del oficialismo que ven en esta medida una muestra del endurecimiento del enfoque del Gobierno en materia de seguridad. No obstante, organismos de derechos humanos y juristas críticos advierten sobre los riesgos de una posible sobregeneralización en las imputaciones colectivas, por lo que se espera un intenso debate en torno a su implementación en otras jurisdicciones.
Mientras tanto, Rosario se convierte en el primer laboratorio de esta nueva etapa: una ciudad en la que el Estado busca recuperar el control de territorios históricamente dominados por el delito organizado.
(Misiones Cuatro).